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La figura de Irusta saltó a la luz pública de manera escandalosa a finales de 2024, cuando su nombre e iniciales quedaron expuestos en un delicado informe de inteligencia policial.
28/09/2026 17:48
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El Gobierno de Estados Unidos incluyó recientemente a Martín Daniel Irusta Flores en la lista de autoridades y funcionarios judiciales bolivianos con visados revocados y restringidos por presunta corrupción y vínculos con el narcotráfico.
La figura de Irusta saltó a la luz pública de manera escandalosa a finales de 2024, cuando su nombre e iniciales quedaron expuestos en un delicado informe de inteligencia policial.
Antecedentes de investigación por legitimación de ganancias ilícitas
A finales de diciembre de 2024, informes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y declaraciones del Ministerio de Gobierno destaparon una investigación contra Irusta —en ese entonces identificado públicamente como abogado vinculado a la defensa del expresidente Evo Morales— por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas y enriquecimiento ilícito.
La compra millonaria: El caso estalló cuando el jurista fue interceptado por agentes policiales en una exclusiva concesionaria de vehículos en La Paz, justo cuando se disponía a pagar al contado 95.000 dólares por una vagoneta Audi Sportback Q5 del año.
El intento de testaferrato: La investigación reveló que el vehículo iba a ser registrado a nombre de una tercera persona (una modelo y bailarina de cumbia), quien posteriormente negó tener conocimiento de la operación.
Flota de lujo y fondos injustificados: Los reportes de inteligencia señalaron que Irusta manejaba una capacidad económica desproporcionada frente a su actividad profesional acreditada. Se le detectó el uso y tenencia de vehículos de alta gama valuados en cerca de 100.000 dólares (como camionetas BMW y otros motorizados), además de transacciones financieras y pagos en efectivo sin justificación documental ante la ASFI.
Liberación y cuestionamientos institucionales
Pese a las evidencias colectadas por el Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) y la recomendación de abrir un proceso penal inmediato, la intervención policial fue frenada en el mismo lugar de los hechos tras una supuesta orden o llamada desde las altas esferas de la Fiscalía.
Esta intervención abortada generó un profundo malestar en las filas policiales, que compararon el hecho con operativos bloqueados del narcotráfico. Informes de inteligencia de la época también alertaban que el abogado realizaba actos preparatorios para salir del país y que mantenía conexiones con otras figuras investigadas por millonarias estafas múltiples (como el "Caso Loritas").
Pese a estos graves antecedentes judiciales y los informes de enriquecimiento ilícito destapados a finales de 2024, Irusta fue designado este año como Fiscal Superior en Derechos Humanos, bajo la gestión del actual Fiscal General, Roger Mariaca, y hoy figura entre los sancionados por la administración estadounidense en el marco de la ofensiva contra redes de impunidad en Bolivia.