“El poder no puede ser refugio para el delito”: Gobierno defiende operativo por caso Mariaca

El vocero de Gobierno, José Luis Gálvez, defendió este jueves el operativo policial que derivó en la aprehensión de Roger Mariaca y otras personas vinculadas al Ministerio Público, y afirmó que la administración de Rodrigo Paz mantendrá una “lucha frontal” contra el narcotráfico y el terrorismo.

Durante un pronunciamiento oficial, Gálvez agradeció el trabajo de la Policía Boliviana, al que calificó como “minucioso, profesional y detallado”, y sostuvo que las actuaciones se realizaron conforme a ley.

“Ningún cargo garantiza impunidad, ninguno. Y nadie debe estar ni va a estar por encima de la ley”, afirmó.

Gobierno agradece respaldo de Marco Rubio

Gálvez también agradeció las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien expresó públicamente respaldo al Gobierno boliviano después de las recientes aprehensiones y destacó las acciones adoptadas contra el crimen organizado.

El vocero señaló que Bolivia continuará trabajando con Estados Unidos y otros países dentro del denominado Escudo de las Américas, iniciativa regional de cooperación en materia de seguridad.

“Coincidimos plenamente en el marco del Escudo de las Américas y es algo en lo cual vamos a seguir trabajando”, manifestó.

“Ningún cargo garantiza impunidad”

Al referirse específicamente al caso, Gálvez sostuvo que la Policía actuó ante lo que el Gobierno considera un hecho de flagrancia y aseguró que la investigación apunta a una presunta estructura criminal que habría operado durante un periodo prolongado.

Según la versión gubernamental, esta estructura habría involucrado a autoridades públicas y utilizado posiciones de poder para brindar protección a actividades relacionadas con el narcotráfico.

“Ahora lo podemos decir con todas las palabras porque la investigación está en curso y la información obtenida, sin perjudicar la investigación, ya nos permite afirmar tal cosa”, declaró.

Estas afirmaciones corresponden a la hipótesis presentada por el Ejecutivo y deberán ser contrastadas y probadas durante el proceso penal.

“El poder no puede ser un refugio para el delito”

Gálvez insistió en que la condición de autoridad no debe impedir una investigación ni frenar la aplicación de la ley.

“El poder no puede ser un refugio para el delito”, enfatizó.

El vocero calificó el caso como especialmente grave porque, según la investigación impulsada por el Gobierno, no se indagan únicamente conductas individuales, sino un posible uso irregular de instituciones públicas.

“Estamos hablando de la utilización de instituciones del Estado para generar protección e impunidad al narcotráfico. Hablamos de una estructura que alcanzó altas esferas de autoridad”, sostuvo.

También afirmó: “Los que deberían perseguir el delito terminaron protegiendo el delito”.

Prometen investigación “hasta el final”

Gálvez aseguró que las pesquisas continuarán “sin excepciones, sin privilegios, sin protección política y sin protección institucional”.

Al mismo tiempo, reconoció que será la investigación la que deberá establecer las responsabilidades individuales y remarcó que debe respetarse el debido proceso de todas las personas aprehendidas o que pudieran resultar involucradas.

La detención de Mariaca y otras 13 personas fue confirmada este jueves dentro de una investigación por presunta organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas y tráfico de sustancias controladas. Las acusaciones todavía deben ser probadas judicialmente.

Revisan teléfonos de los aprehendidos

El vocero informó además que los teléfonos celulares secuestrados se encuentran bajo análisis forense.

Según explicó, los investigadores revisan contactos, registros de llamadas y otras comunicaciones con el objetivo de determinar posibles conexiones dentro de la estructura que denuncia el Gobierno.

“Hay un seguimiento en cuanto a cada uno de los contactos realizados, del flujo de llamadas, porque aquí lo que ha actuado es una estructura criminal”, afirmó Gálvez.

Las pesquisas continúan y corresponderá a las autoridades fiscales y judiciales determinar la responsabilidad de cada una de las personas investigadas.