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Sergio C. A., exgerente de Tesorería del Banco Central de Bolivia, es investigado por presuntas irregularidades en la adquisición de un millón de billetes conmemorativos, de los cuales más del 96% permanece sin comercializar.
15/10/2026 17:24
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La Justicia determinó cinco meses de detención preventiva en el penal de San Pedro de La Paz para Sergio C. A., exgerente de Tesorería del Banco Central de Bolivia (BCB), dentro de la investigación por la adquisición de los billetes conmemorativos del Bicentenario.
El exfuncionario es investigado por los presuntos delitos de conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y otros, en un proceso que busca establecer responsabilidades por la compra e impresión de un millón de piezas conmemorativas.
Investigación apunta a informe técnico
La jefa de la División de Corrupción Pública de la Felcc, mayor Deysi Mercado, informó que el exgerente habría elaborado un informe técnico recomendando la adquisición e impresión del millón de billetes.
La operación fue autorizada el 18 de abril de 2024, durante la anterior gestión de Gobierno, en el marco de los preparativos para la conmemoración del Bicentenario de Bolivia.
Según los antecedentes de la investigación, el costo de impresión fue de aproximadamente $us 668.990, equivalente a más de Bs 4,8 millones.
Más del 96% permanece almacenado
Uno de los principales elementos bajo investigación es la baja comercialización de los billetes.
De las 1.000.000 de piezas adquiridas, hasta mayo de 2026 solo se habían vendido 37.885, equivalentes al 3,8% del total. En consecuencia, 962.115 billetes, alrededor del 96,2%, permanecían almacenados en bóvedas del BCB y del Banco Unión, según información presentada por las autoridades.
La evaluación difundida por la Fiscalía señala además que durante los primeros meses de 2026 se comercializaban en promedio unas 270 unidades por mes. Bajo ese ritmo, se requerirían cerca de 297 años para vender todo el remanente, según el cálculo expuesto por el Ministerio Público.
Investigan un presunto daño económico
Las autoridades investigan un presunto daño económico de aproximadamente $us 359.000 a $us 360.000, debido a que los ingresos generados por las ventas no habrían permitido recuperar el costo de impresión.
La investigación sostiene que la cantidad de billetes adquirida habría sido definida sin suficiente respaldo técnico sobre su demanda y posibilidad de comercialización, extremo que deberá ser establecido dentro del proceso.