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El abogado constitucionalista sostuvo que, según la información conocida hasta ahora, la acción de libertad dejó sin efecto el auto de apertura de juicio de 2009, pero no todo el proceso por los hechos de “Octubre Negro”. Anunció además que las víctimas evalúan presentar un recurso constitucional.
21/08/2026 20:21
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El abogado constitucionalista Roberto de la Cruz afirmó que la resolución que concedió una acción de libertad a favor de Carlos Sánchez Berzaín no significaría la anulación de todo el juicio de responsabilidades por los hechos de septiembre y octubre de 2003, sino únicamente de una actuación procesal específica.
De la Cruz aclaró que todavía es necesario conocer íntegramente el contenido de la resolución constitucional antes de establecer con precisión todos sus alcances.
“Tenemos que conocer íntegramente el contenido de la resolución judicial de esta acción de libertad. Pero, como dice la prensa, se anula la apertura de juicio de responsabilidades del 25 de marzo de 2009”, explicó.
“No se ha anulado todo el proceso”
El abogado remarcó que existe una diferencia entre dejar sin efecto el auto de apertura y anular completamente el proceso.
“Eso significa que no se ha anulado todo el proceso de juicio de responsabilidades, sino solo se ha anulado el auto de apertura, un acto jurídico del 25 de marzo de 2009”, sostuvo.
De acuerdo con su interpretación preliminar, las actuaciones investigativas desarrolladas durante la etapa preparatoria continuarían vigentes.
“Los actos investigativos que concluyeron toda la etapa preparatoria se mantienen intactos”, afirmó.
Víctimas anuncian posible recurso constitucional
De la Cruz adelantó que, una vez que tengan acceso a la resolución completa, las víctimas de los hechos de 2003 analizarán la presentación de un nuevo recurso constitucional.
El abogado cuestionó que, según su versión, ni las víctimas ni su representación legal habrían sido notificadas para participar en la audiencia de acción de libertad.
“Vamos a interponer también algún recurso constitucional debido a que para esta audiencia las víctimas de octubre de 2003, ni el apoderado propio, no han sido notificados”, manifestó.
A su criterio, esta situación habría vulnerado el derecho de las víctimas a participar dentro del procedimiento y podría constituir una afectación al debido proceso.
Cuestiona actuación de autoridades judiciales
El constitucionalista lanzó además fuertes cuestionamientos contra los vocales y autoridades judiciales que conocieron la acción de libertad.
De la Cruz sostuvo que las víctimas exigirán explicaciones sobre la forma en que se desarrolló la audiencia, particularmente por la supuesta falta de notificación.
Sus declaraciones incluyen críticas severas contra los administradores de justicia; sin embargo, corresponderá a las instancias competentes determinar si efectivamente existió alguna vulneración procesal.
Dice que se debe conocer primero la resolución completa
Pese a sus cuestionamientos, De la Cruz insistió en que todavía no corresponde asumir una conclusión definitiva hasta revisar el fallo en su integridad.
La resolución constitucional conocida esta semana concedió tutela a Sánchez Berzaín y dejó sin efecto determinadas actuaciones procesales vinculadas al juicio de responsabilidades iniciado por los hechos de 2003.
El alcance definitivo del fallo y sus efectos sobre el proceso deberán ser establecidos a partir del texto completo de la resolución y de la posterior revisión que corresponda en sede constitucional.
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