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El Ministerio Público imputó formalmente a Daniela Durán Antezana por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, dentro de la investigación por operaciones vinculadas a combustibles que habrían presentado niveles de gomas por encima del límite permitido.
11/08/2026 17:30
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La Fiscalía presentó una imputación formal contra Daniela Durán Antezana, exautoridad del área jurídica de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), y solicitó su detención preventiva por seis meses en el Centro de Rehabilitación de Palmasola, pabellón de mujeres, en Santa Cruz.
De acuerdo con la Resolución de Imputación Formal D.T.C. N.º 41/2026, Durán es investigada por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, previstos en los artículos 154 y 224 del Código Penal.
La solicitud fue presentada ante el Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Séptimo de la capital y está fechada en La Paz, 11 de agosto de 2026.
Fiscalía observa su actuación como gerente legal
Según el documento, Durán ejercía funciones como gerente Legal Corporativa de YPFB y tenía responsabilidades vinculadas al asesoramiento institucional, revisión de legalidad y advertencia jurídica sobre actos y contratos que eran puestos en su conocimiento.
La Fiscalía sostiene, de manera preliminar, que habría incurrido en una presunta omisión al no ejercer diligentemente esas funciones respecto a actuaciones contractuales relacionadas con Vitol Energía Américas S.A. (VEAM).
“Esta omisión adquiere mayor relevancia porque la Gerencia Legal Corporativa no constituía una instancia aislada de las demás áreas de YPFB, sino una unidad transversal de asesoramiento institucional”, señala parte de la fundamentación fiscal.
Apuntan a adendas relacionadas con calidad del combustible
La imputación señala que Durán habría otorgado su visto bueno a una adenda relacionada con la mejora de la calidad del combustible durante abril de 2026.
La Fiscalía sostiene que desde la instancia jurídica bajo su dirección no se habrían promovido observaciones o acciones legales frente a antecedentes que, según la investigación, comprometían la calidad del producto y los intereses patrimoniales de YPFB.
De manera preliminar, el Ministerio Público afirma que esta presunta omisión habría contribuido a que continuaran operaciones que derivaron en la recepción y comercialización de productos con niveles de gomas superiores al límite permitido.
Según la imputación, esta situación habría generado “un riesgo y perjuicio económico para YPFB y el Estado”. Estos extremos aún deberán ser demostrados dentro del proceso judicial.
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