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Autoridades departamentales y cívicos instan al Gobierno nacional a abrir mesas de negociación con el sector transporte para frenar el paro previsto para el lunes, advirtiendo sobre la necesidad de proteger la economía de los sectores más vulnerables.
25/09/2026 20:33
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Tras el anuncio del sector transporte de ejecutar un repliegue y un paro departamental para este próximo lunes en rechazo al Decreto Supremo 5716 —norma que elimina la subvención a los combustibles—, diversas autoridades e instituciones de Santa Cruz han reaccionado exigiendo el cese de las medidas de presión y abriendo las puertas a la concertación.
El gobernador cruceño, Juan Pablo Velasco, instó al sector a priorizar las mesas de negociación antes de paralizar las actividades.
"Yo creo que antes de los paros tenemos que seguir las mesas de diálogo. Entendemos que es difícil; la materia prima más importante para el sector transporte ha duplicado su precio. Es una decisión correcta, tomada quizás un poco tarde, pero es una buena decisión. Ahora hay que ver cómo generar un menor impacto en toda la cadena productiva y en los sectores más vulnerables", afirmó Velasco.
Propuestas y posturas clave:
Apertura a mesas técnicas: La Gobernación de Santa Cruz confirmó que mantiene sus puertas abiertas y evalúa posibles beneficios en materia de importación para mitigar el impacto.
Subsidio focalizado: El gobernador remarcó que el transporte público debe ser subsidiado de manera focalizada para proteger a la "gente de a pie".
Exigencia cívica: Por su parte, el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, recriminó que el Gobierno debió socializar la medida antes de lanzarla, pero enfatizó que aún está a tiempo de dialogar tanto con el transporte urbano como con el pesado.
Regulación de tarifas: Respecto a la intención de los transportistas urbanos de incrementar las tarifas de los pasajes, el Comité Cívico recalcó que cualquier ajuste debe definirse estrictamente mediante un estudio técnico para evitar un golpe directo al bolsillo de la ciudadanía.
Las autoridades y líderes locales coinciden en que, si bien la eliminación de la subvención representaba una realidad inevitable para sanear la economía, es imperativo amortiguar sus efectos colaterales mediante acuerdos urgentes que eviten la anunciada convulsión social en el departamento.