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El paquete presentado por el vocero presidencial José Luis Gálvez incluye medidas para fortalecer el seguro agrario, proteger a huérfanos por feminicidio, facilitar créditos al transporte, modernizar la inversión pública y avanzar en la transición energética.
07/10/2026 11:47
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El Gobierno anunció, a través del vocero presidencial José Luis Gálvez, ocho medidas destinadas a atender problemas actuales y establecer nuevas condiciones para la gestión pública y el desarrollo del país.
Las iniciativas abarcan áreas como la protección de productores y familias vulnerables, la digitalización de documentos, el acceso a créditos para transportistas, la modernización de la inversión pública y el aprovechamiento de nuevas fuentes de energía.
“Estamos en nuestro espíritu resolviendo los problemas del presente, pero también estamos construyendo las condiciones para la Bolivia que viene”, afirmó Gálvez.
Residuos para generar energía
La primera iniciativa está relacionada con el aprovechamiento energético de los rellenos sanitarios y plantas de tratamiento mediante la generación de biogás y biometano.
El propósito es aprovechar los residuos para producir energía y reducir emisiones dentro del proceso de transición energética.
“Lo que hoy es residuo puede convertirse en energía y podemos afirmar que Bolivia empieza a transferir, a transformar residuos en energía”, sostuvo el vocero.
Bs 14 millones adicionales para el Seguro Agrario
La segunda medida establece una asignación adicional de Bs 14 millones al Instituto del Seguro Agrario (INSA) para cubrir la prima correspondiente a la campaña agrícola 2025-2026.
El objetivo es contar con mayores recursos para indemnizar a productores afectados por fenómenos climáticos adversos, proteger la producción agrícola y contribuir a la seguridad alimentaria.
“La verdad es que cuando el clima golpea al productor, lo que corresponde al Estado es no dejarlo abandonado”, señaló Gálvez.
Diplomas de bachiller gratuitos y digitales
Desde la gestión 2026, los diplomas de bachiller serán gratuitos y digitales. Contarán con firma digital y podrán ser verificados mediante un código QR.
El propósito es eliminar el costo de las copias legalizadas, reducir la burocracia y facilitar que los bachilleres puedan acceder a su documentación en cualquier momento.
“En realidad, desde el 2026 el diploma de bachilleres va a ser digital, gratuito y plenamente válido”, afirmó.
Los diplomas físicos emitidos antes de 2026 mantendrán su plena validez.
Protección para hijos huérfanos por feminicidio
La cuarta medida establece un reglamento de protección para hijas e hijos huérfanos por feminicidio y otros delitos contra la vida.
Entre los beneficios se contempla un bono económico mensual equivalente al 20% del salario mínimo nacional vigente, un paquete alimentario para menores de cinco años, acceso a salud, inscripción inmediata al sistema educativo, traslado escolar y prioridad para becas.
El propósito es brindar protección y apoyo a los menores que quedan en situación de vulnerabilidad tras la muerte de sus progenitores.
“Si bien no se puede devolver la vida, la reparación no termina con una sentencia. En nuestra visión, también significa proteger a los hijos de las víctimas”, sostuvo Gálvez.
Transporte accederá a créditos productivos
La quinta iniciativa modifica el Decreto Supremo 2055 para incorporar al transporte automotor dentro de la categoría de crédito productivo.
La medida permitirá que transportistas habilitados puedan acceder a financiamiento para comprar o sustituir vehículos, realizar reparaciones, repotenciar unidades, adquirir motores y equipamiento.
Los vehículos particulares quedan excluidos y los créditos estarán sujetos a las tasas máximas establecidas para el crédito productivo.
“Para un transportista, su vehículo sabemos que no es un lujo, sino que es una herramienta de trabajo”, explicó el vocero.
Nuevas reglas para la inversión pública
La sexta medida establece un nuevo reglamento básico de preinversión, con el propósito de modernizar la forma en que el Estado prepara y evalúa los proyectos antes de comprometer recursos públicos.
Las instituciones deberán considerar criterios técnicos, económicos, sociales, ambientales y financieros, además de clasificar los proyectos según su magnitud, complejidad y nivel de riesgo.
El objetivo es mejorar la calidad y eficiencia de la inversión pública y evitar proyectos sin suficiente respaldo.
“No queremos elefantes blancos, ya tenemos suficientes, son dolores de cabeza, son empresas públicas y proyectos que no tienen sentido, pero tampoco queremos recursos desperdiciados”, afirmó Gálvez.
Nuevas reglas para la fijación del precio del diésel
La séptima medida modifica el Decreto Supremo 5716, relacionado con el precio regulado del diésel.
Entre las variables que serán consideradas está el tipo de cambio oficial promedio de los últimos siete días, que será publicado por el Banco Central de Bolivia.
El propósito es establecer una regla más objetiva y transparente para la fijación del precio, además de dar mayor estabilidad a las variaciones y garantizar la continuidad del abastecimiento.
Gálvez explicó que la norma también establece factores de variación para evitar cambios bruscos en el precio.
Ley de Energías Verdes
Como octava iniciativa, el Gobierno anunció que pondrá a consideración de la Asamblea Legislativa Plurinacional un anteproyecto de Ley de Energías Verdes.
La propuesta forma parte de la agenda de transición energética impulsada por el Gobierno y se suma al aprovechamiento de biogás y biometano.
Gálvez señaló que estas ocho iniciativas forman parte de una agenda que no se concentra únicamente en una problemática, sino que busca atender diferentes áreas de la gestión estatal.
“Hay una serie de cosas que venimos trabajando y tenemos la obligación de expresarlas”, afirmó.
El vocero resumió que las medidas buscan resolver problemas del presente y, al mismo tiempo, establecer condiciones para la Bolivia que viene, mediante normas orientadas a la protección social, la actividad productiva, la modernización del Estado y la transición energética.