Entre las principales recomendaciones de la CIDH se encuentra la necesidad de evitar la polarización política, prevenir la violencia y promover el diálogo como mecanismo para resolver los problemas del país.
14/03/2024 18:03
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El ministro de Justicia, Iván Lima, resaltó las recomendaciones presentadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe sobre el país. Lima destacó la importancia de este informe, describiéndolo como una agenda que marca áreas prioritarias de trabajo para mejorar la situación democrática y social en Bolivia.
"Este informe que ha presentado el día de hoy la CIDH es una agenda. No todo está bien, hay temas en los que debemos trabajar los bolivianos y ese es el desafío que tenemos a partir del trabajo que debemos emprender todas las instituciones, todos los políticos y todo el pueblo boliviano", señaló el ministro Lima.
Entre las principales recomendaciones de la CIDH se encuentra la necesidad de evitar la polarización política, prevenir la violencia y promover el diálogo como mecanismo para resolver los problemas del país dentro del marco democrático. El informe también destaca avances en temas de género e inclusión social, pero alerta sobre la polarización exacerbada por el conflicto de 2019 y la falta de confianza de la población en el sistema judicial.
En respuesta, el Gobierno boliviano se comprometió a liderar un proceso de fortalecimiento de la institucionalidad democrática y a trabajar en la creación e implementación de un plan estratégico para reconstruir la confianza ciudadana en las instituciones del país. Lima afirmó que el Órgano Ejecutivo convocará a todas las entidades del Estado para construir este plan estratégico de manera conjunta.
Además, el ministro resaltó el llamado de la CIDH para fortalecer la carrera judicial, indicando que se ha avanzado significativamente en este aspecto, con el 98% de jueces institucionalizados y la formación de 140 nuevos jueces a través de la escuela judicial.
El informe contiene observaciones y recomendaciones para atender los desafíos pendientes en derechos humanos y pone a disposición del Estado su mandato de cooperación técnica y seguimiento de recomendaciones para el acompañamiento a las medidas que sean adoptadas para ese fin.
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