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Gobierno designa a Yamil García como representante gubernamental anticorrupción

El Decreto Supremo 5706 establece que la máxima autoridad del Viceministerio de Transparencia asumirá la representación gubernamental en materia anticorrupción.

El viceministro de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Yamil García. Foto: APG
La Paz, Bolivia

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El presidente Rodrigo Paz Pereira promulgó el Decreto Supremo N° 5706, que declara de prioridad nacional la lucha contra la corrupción y establece nuevas atribuciones para el Viceministerio de Transparencia, Lucha Contra la Corrupción, Integridad Pública y Justicia.

La norma, promulgada el 14 de septiembre de 2026 bajo el lema “Cero Corrupción, Transparencia Radical y Probidad Estatal”, modifica el Decreto Supremo N° 5675, referido a la organización del Órgano Ejecutivo.

Yamil García asume la representación gubernamental

El artículo 3 del decreto establece que la máxima autoridad del Viceministerio de Transparencia se constituye en el “Representante Gubernamental para la Transparencia, Lucha Contra la Corrupción, Integridad Pública y Justicia”. Actualmente, esa cartera está a cargo de Yamil García.

La norma señala que el representante estará facultado para la “coordinación y articulación estratégica” en temas de transparencia, lucha contra la corrupción, integridad pública y justicia dentro del Órgano Ejecutivo y ante otras instituciones públicas y privadas.

De esta manera, el Gobierno concentra en esta instancia la representación y coordinación de las políticas anticorrupción.

Tendrá la vocería jurídica

El Decreto Supremo 5706 también establece nuevas funciones de representación institucional.

“El Viceministerio de Transparencia, Lucha Contra la Corrupción, Integridad Pública y Justicia se constituye en la instancia encargada de realizar la vocería jurídica en temáticas vinculadas a sus atribuciones”, señala en el artículo 7 .

La medida forma parte de una nueva estructura impulsada por el Gobierno para fortalecer la transparencia institucional, la integridad pública y la protección de los recursos e intereses del Estado.

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