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“Máximo 60 días”: Alarcón cuestiona ampliación del estado de excepción aprobada por la ALP

El diputado sostuvo que planteó una ampliación de 60 días para dar paso al tratamiento de una reforma parcial de la Constitución. También propuso avanzar en una ley antibloqueos como alternativa al estado de excepción.

Foto: Diputado Carlos Alarcón. Red Uno.
La Paz

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El diputado de Alianza Unidad, Carlos Alarcón, cuestionó la ampliación del estado de excepción por 90 días y sostuvo que el plazo aprobado por la Asamblea Legislativa posterga el tratamiento de una reforma parcial de la Constitución.

Alarcón explicó que planteó una ampliación de 60 días, en lugar de 90, para que la Asamblea pudiera avanzar hasta fines de noviembre en la aprobación de una ley de reforma parcial y posteriormente convocar a un referéndum.

“Yo planteé que solo debería ampliarse el estado de excepción un máximo de 60 días, no de 90 como estaba planteando el Gobierno”, afirmó.

El legislador señaló que, según su interpretación, la vigencia del estado de excepción impide iniciar formalmente una reforma constitucional. El artículo 140, Parágrafo III de la Constitución establece que la reforma constitucional no puede iniciarse mientras esté vigente un estado de excepción.

Ley antibloqueos para evitar Estado de Excepción

Alarcón también sostuvo que su propuesta buscaba permitir el tratamiento de una ley antibloqueos durante ese periodo y cuestionó que el Gobierno continúe recurriendo al estado de excepción en lugar de impulsar una solución legislativa permanente.

“El estado de excepción es más virtual que real, es más simbólico y formal que efectivo”, afirmó el diputado, al cuestionar la aplicación de la medida frente a anteriores bloqueos.

El legislador también criticó la actuación del Gobierno frente a las movilizaciones y afirmó que existe una contradicción entre mantener un estado de excepción y recurrir al diálogo ante los bloqueos.

Finalmente, Alarcón cuestionó que la ampliación haya sido aprobada por la Asamblea y vinculó esta decisión con el retraso de las reformas que, según su planteamiento, deberían modificar aspectos económicos y judiciales de la Constitución.


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