Paz sobre el crimen organizado: “No puede ser que dicte las sentencias en Bolivia”

El presidente Rodrigo Paz advirtió sobre las amenazas que, según afirmó, ejerce el crimen organizado contra jueces en Bolivia y remarcó que las decisiones judiciales deben estar libres de presiones criminales.

“No puede ser que la amenaza del crimen organizado sea el que dicte las sentencias en Bolivia”, afirmó durante el acto de promulgación de la Ley 1779 de Prescripción y Consolidación de Depósitos Judiciales.

El mandatario señaló que los jueces que trabajan en zonas fronterizas pueden quedar expuestos a intimidaciones de organizaciones que cuentan con armas de grueso calibre. Según su relato, en esos casos no siempre es necesario un ofrecimiento económico para influir en una decisión, pues las amenazas contra la vida pueden generar temor.

“Sé que un juez sufre en la frontera. Cuando el juez se encuentra indefenso, ni siquiera tienen que venir a chantajearle nada o venir a ofrecerle algo, solo con la amenaza. Ya tienen el temor y es verdad, eso ocurre en Bolivia”, manifestó.

Paz describió el escenario que, según dijo, enfrentan algunos administradores de justicia: “Solo les dicen: ‘Hacé la sentencia que quiero que hagas porque si no tu vida corre peligro’”.

Paz afirma que su familia también enfrenta riesgos

Durante su intervención, el presidente vinculó estas advertencias con las decisiones asumidas contra organizaciones criminales, entre ellas la vinculada a Sebastián Marset.

“Mi familia tiene el riesgo por haber tomado decisiones contra los Marsets, contra los criminales de alta alcurnia, pero también ustedes”, expresó, dirigiéndose a las autoridades judiciales presentes.

El mandatario sostuvo que la protección de jueces y magistrados es necesaria para garantizar que las resoluciones respondan a la ley y no a presiones externas. También cuestionó la corrupción dentro de las instituciones encargadas de investigar y sancionar delitos.

“Qué difícil es pelear contra la corrupción cuando llegas a un sistema judicial que encubre la corrupción”, afirmó.

Reforma judicial y fortalecimiento institucional

Las declaraciones se produjeron durante la promulgación de la Ley 1779, que establece un procedimiento para consolidar depósitos judiciales no reclamados y destinar esos recursos, una vez cumplidos los requisitos legales, a tecnología, infraestructura y personal de apoyo para el Órgano Judicial.

Paz anunció que su Gobierno busca impulsar una reforma judicial desde enero de 2027, con participación de profesionales bolivianos e internacionales. Señaló que el objetivo es fortalecer la independencia y transparencia de la justicia, además de mejorar las condiciones para que jueces y magistrados puedan desempeñar sus funciones.

El mandatario insistió en que la seguridad de las autoridades judiciales y la independencia de sus decisiones son fundamentales para enfrentar la influencia del crimen organizado y recuperar la confianza ciudadana en la justicia.