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La norma establece que los depósitos judiciales podrán prescribir después de cinco años y pasar a ser recursos propios del Órgano Judicial para infraestructura, tecnología y fortalecimiento del sistema de justicia.
19/10/2026 12:47
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El presidente Rodrigo Paz promulgó la Ley 1779 de Prescripción y Consolidación de Depósitos Judiciales, que permitirá utilizar recursos judiciales no reclamados, una vez cumplidos los procedimientos legales, para fortalecer la administración de justicia.
Durante el acto, el mandatario vinculó la promulgación con la necesidad de transformar el sistema judicial y cuestionó la corrupción y las presiones que, según afirmó, afectan a la independencia de los jueces.
“La justicia es la medida de la democracia. Buena justicia, buena democracia. Una justicia en crisis, una democracia en crisis”, sostuvo Paz.
El presidente también advirtió sobre la influencia de organizaciones criminales en las decisiones judiciales:
“No puede ser que la amenaza del crimen organizado sea el que dicte las sentencias en Bolivia”.
En ese marco, anunció que su Gobierno buscará impulsar una reforma judicial desde enero de 2027, con la participación de profesionales bolivianos e internacionales.
“Qué difícil es pelear contra la corrupción cuando llegas a un sistema judicial que encubre la corrupción”, afirmó.
Paz también señaló que la independencia y la transparencia son condiciones para recuperar la confianza ciudadana.
“Cuanta mayor independencia, fortaleza y transparencia tenga nuestra justicia, más tranquilos estaremos los bolivianos sabiendo que no dependen de la decisión política de un gobierno de turno, sino que la institucionalidad y las leyes están por encima de la voluntad de unos cuantos de querer perjudicar o desviar esa justicia”, manifestó.
Sobre el destino de los recursos que contempla la ley, el mandatario remarcó: “Hoy día estos recursos no son para burocracia, no son para salarios, sino son para aquellos puntos, tres puntos que mencionó nuestro presidente del Tribunal Supremo de Justicia”.
¿Qué establece la Ley 1779?
La norma regula la prescripción y consolidación de depósitos judiciales que permanecen sin ser reclamados. Establece un plazo de cinco años, contado desde la notificación de la resolución judicial firme que autoriza la devolución.
Cumplido ese periodo, deberán publicarse listas de los depósitos y habilitarse un plazo de 30 días para que sus titulares o beneficiarios puedan reclamarlos. La consolidación requiere una resolución fundamentada del juez y podrá concretarse cuando esta quede firme.
La ley excluye recursos vinculados con asistencia familiar, seguridad social, derechos laborales, menores de edad, personas con discapacidad e indemnizaciones a víctimas, entre otros casos protegidos.
Los fondos consolidados se destinarán a equipamiento tecnológico, contratación de personal de apoyo jurisdiccional y mejoramiento de la infraestructura judicial. La norma también contempla mecanismos de registro y control para administrar esos recursos.
Paz defendió el alcance de la disposición y afirmó: “Mediante la ley no se está violentando el derecho del que haya generado un depósito sino más bien se está agilizando el procedimiento de devolución y aquello que no se devuelve se usa de buena manera para reforzar a nuestra justicia”.
El mandatario también planteó que la reforma judicial debe apoyarse en la cooperación de especialistas nacionales e internacionales y en los recursos disponibles para mejorar el sistema.
La promulgación establece un mecanismo de financiamiento para el Órgano Judicial, mientras el Gobierno plantea una reforma más amplia orientada a fortalecer la independencia, transparencia y funcionamiento de la justicia.