Piden revisar distribución competencial tras acuerdo entre gobierno y gobernadores sobre ley 50-50

Las autoridades del Gobierno nacional y los gobernadores del país acordaron en Cobija, Pando, impulsar de manera conjunta un proyecto de ley de coparticipación tributaria, enmarcado en la propuesta del 50-50 promovida por el Ejecutivo. La iniciativa busca redefinir la asignación de ingresos fiscales entre el nivel central y las entidades subnacionales para responder a las demandas de gestión regional.

El consenso prevé que la propuesta técnica sea consolidada a tiempo para su remisión a la Asamblea Legislativa Plurinacional antes del 1 de noviembre, fecha límite para la presentación del Presupuesto General del Estado 2027, abriendo un plazo de 60 días para su tratamiento legislativo.

Perspectivas sobre la sostenibilidad financiera y el marco autonómico

Frente a este escenario, el abogado constitucionalista José Luis Santistevan evaluó el alcance del acuerdo, señalando que el pedido de mayor presupuesto por parte de las gobernaciones responde a una necesidad inmediata de gestión. Sin embargo, advirtió sobre la importancia de analizar si la asignación de nuevos recursos tributarios vendrá acompañada de la transferencia de competencias o cargas financieras adicionales que limiten el impacto real de la medida.

Asimismo, el jurista sostuvo que el debate técnico debe considerar aspectos estructurales del régimen autonómico. En ese sentido, hizo referencia a normativas como la Ley 767 de 2015, señalando que afectó ingresos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) e Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD) destinados a gobernaciones, universidades y municipios. Según su análisis, este tipo de normativas requiere una revisión profunda debido a la naturaleza privativa de las competencias centrales en materia hidrocarburífera.