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Una comisión estatal extraordinaria deberá revisar la gestión de la petrolera, la cadena de importación y distribución de combustibles y posibles irregularidades.
02/09/2026 9:36
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El Gobierno dispuso la intervención estatal extraordinaria y temporal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por un periodo de hasta 180 días calendario, mediante el Decreto Supremo 5697, aprobado el 1 de septiembre.
La medida fue adoptada ante las deficiencias identificadas en los procesos de importación y distribución de carburantes, que, de acuerdo con la norma, representan riesgos para el interés público y la seguridad energética del país.
Pero ¿qué implica realmente esta intervención y cuáles serán las responsabilidades de la comisión creada por el Gobierno?
¿Cuánto durará la intervención?
El decreto establece un plazo de hasta 180 días calendario, computables desde la publicación de la norma.
De manera excepcional, este periodo podrá ampliarse una sola vez y por un máximo de 90 días, mediante resolución ministerial del Ministro de Hidrocarburos, siempre que continúen las causas que motivaron la intervención.
La medida también podrá finalizar antes de los 180 días si se superan las condiciones que dieron lugar a su aplicación.
YPFB no desaparece
Uno de los puntos centrales de la norma es que la intervención no supone la supresión de YPFB ni modifica su naturaleza jurídica o su estructura institucional.
El objetivo es realizar una revisión extraordinaria de determinados procesos de gestión, principalmente aquellos vinculados con la cadena logística de los combustibles.
¿Quién estará a cargo?
El decreto crea la Comisión de Intervención Estatal Extraordinaria de YPFB, integrada por ministros o representantes de los ministerios de:
Economía.
Producción.
Hidrocarburos.
Obras Públicas.
Además del Viceministerio de Transparencia.
La comisión tendrá como áreas prioritarias la comercialización, logística y trazabilidad de combustibles.
¿Qué podrá investigar la comisión?
Entre sus principales tareas estarán recomendar auditorías y revisar los diferentes eslabones de la cadena de combustibles, desde la importación hasta la comercialización.
La comisión podrá revisar:
Procesos de importación y adquisición.
Almacenamiento.
Transporte.
Distribución.
Comercialización.
Trazabilidad de combustibles.
También podrá recomendar auditorías para identificar posibles redes de contrabando, desvío, acopio y otras irregularidades, además de establecer las posibles responsabilidades del personal involucrado.
También podrá revisar decisiones y operaciones
La comisión podrá evaluar decisiones y operaciones que hayan podido afectar el abastecimiento de combustibles, la seguridad energética o los recursos del Estado.
Asimismo, podrá revisar el cumplimiento de las funciones de autoridades, ejecutivos, personal administrativo y trabajadores técnicos u operativos de YPFB.
Entre sus atribuciones también está la posibilidad de recomendar la remoción de personal, cuando corresponda.
¿YPFB tendrá que entregar información?
Sí. El decreto establece que el presidente de YPFB y el personal administrativo, técnico y operativo deberán proporcionar la información solicitada por la comisión, dentro de los plazos y condiciones que esta determine.
El incumplimiento de esta obligación podrá generar responsabilidades administrativas y/o penales.
Auditorías y posibles responsabilidades
La comisión podrá recomendar auditorías de carácter:
Técnico-legal.
Financiero.
Administrativo.
Operativo.
Logístico.
Si estas revisiones detectan posibles responsabilidades, la comisión deberá elaborar informes con los hechos identificados, las personas involucradas, la documentación de respaldo y las acciones recomendadas.
Los resultados podrán ser remitidos, según corresponda, a la Contraloría General del Estado, el Ministerio Público, la Procuraduría General del Estado y otras autoridades competentes.
¿La intervención tendrá un costo adicional para el Estado?
El decreto establece que la intervención no demandará recursos adicionales del Tesoro General de la Nación, en el marco de la política de austeridad.
Los gastos que genere el trabajo de la comisión deberán ser cubiertos con los presupuestos institucionales de las entidades que la integran.
La medida busca realizar una revisión extraordinaria de la gestión de YPFB y, principalmente, de la cadena logística relacionada con los combustibles.
El Gobierno apunta a detectar y corregir deficiencias, fortalecer los mecanismos de control y trazabilidad e identificar posibles responsabilidades que hayan incidido en el abastecimiento y la seguridad energética del país.
La intervención, por tanto, es temporal y no significa la desaparición de YPFB, sino la aplicación de un mecanismo extraordinario de revisión y seguimiento durante el periodo establecido por el decreto.
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