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La diputada Cecilia Vargas cuestionó que el hospital de cuarto nivel, cuya inversión supera los Bs 730 millones, continúe sin atender pacientes y denunció presuntas designaciones de personal sin concurso de méritos.
21/10/2026 8:04
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El robo de equipos del Instituto Gastroenterológico de cuarto nivel, ubicado en la avenida Zavaleta de La Paz, abrió nuevas interrogantes sobre la seguridad y el funcionamiento de la infraestructura hospitalaria. Aunque parte de los insumos sustraídos, entre ellos una CPU y un proyector, fue recuperada tras ser abandonada en una estación de la línea Roja del Teleférico, la Policía continúa con las investigaciones y todavía falta recuperar otro CPU.
La diputada de Alianza Libre, Cecilia Vargas, cuestionó las circunstancias en las que ocurrió el hecho, durante la medianoche del domingo y la madrugada del lunes. Según explicó, los responsables habrían ingresado sin forzar las puertas y accedido a áreas restringidas mediante códigos de seguridad.
“Es muy raro que un par de individuos a medianoche entre domingo y lunes accedan a un hospital que se supone que tiene elementos de seguridad; no cualquiera entra”, manifestó.
Vargas sostuvo que la investigación debe profundizarse para esclarecer cómo ingresaron los implicados y por qué sustrajeron equipos de áreas específicas. La autoridad policial informó que dos personas fueron identificadas mediante el trabajo técnico-científico y las invitó a presentarse voluntariamente ante las autoridades.
Un hospital de Bs 730 millones que sigue cerrado
Más allá del robo, la diputada cuestionó que el Instituto Gastroenterológico continúe sin atender pacientes, pese a la inversión de más de Bs 730 millones destinada a su construcción y equipamiento.
Entre los motivos expuestos por el Ministerio de Salud para explicar el retraso figuran un derrumbe ocurrido en 2024 en un talud y las dificultades relacionadas con la disponibilidad de recursos humanos. Sin embargo, Vargas consideró que el problema también responde a deficiencias de gestión y coordinación entre las instituciones involucradas.
“Pero lo concreto [...] es que no se ha atendido ni un solo paciente, es dinero de los bolivianos, es un proyecto que ya lleva casi 8 años y con retraso de entrega, 3 años y no puede ser”, afirmó.
La diputada también advirtió que el hospital cuenta con equipos especializados, como un resonador magnético, un tomógrafo, quirófanos y unidades de terapia intensiva, que permanecen sin uso. Alertó que el tiempo de garantía de estos dispositivos puede avanzar mientras la infraestructura continúa cerrada, con el consiguiente riesgo de depreciación y deterioro.
Cuestionan contratación de personal
Vargas también observó la situación de los recursos humanos. Señaló que más de 50 personas realizan principalmente labores administrativas y cuestionó la designación de 14 funcionarios sin una convocatoria abierta, mientras continúa pendiente un proceso de selección.
“Debería haber concurso y si hay una convocatoria pendiente tiene que darse curso a esa convocatoria”, sostuvo.
La legisladora pidió la intervención de las instancias de fiscalización y transparencia para revisar los gastos financieros, la contratación de personal y la coordinación entre las instituciones responsables del proyecto.
Indicó que ya se solicitó la participación del Viceministerio de Transparencia y que la Procuraduría intervino en las gestiones relacionadas con el talud. Asimismo, consideró necesaria la participación de la Contraloría para esclarecer las razones por las que el hospital aún no entra en funcionamiento.
La recuperación parcial de los equipos robados permitió restituir algunos insumos al Ministerio de Salud, pero el hecho volvió a poner en evidencia las dudas sobre la seguridad de la infraestructura y la demora en la puesta en marcha de un hospital especializado que, hasta la fecha de la entrevista, no había atendido a ningún paciente.