Te puede interesar:
La posición del municipio se da en paralelo al inicio de controles sobre las condiciones de los micros que prestan servicio en la capital cruceña. La Alcaldía estableció obligaciones para los operadores y otorgó un plazo de 30 días para que los vehículos sean puestos en condiciones adecuadas.
05/10/2026 12:43
Escuchar esta nota
La continuidad del acuerdo entre la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra y el transporte público quedó condicionada a que no se produzcan nuevas medidas de presión. El alcalde Carlos Manuel Saavedra lanzó una advertencia directa al sector y aseguró que, si se registra un paro de transporte público, la ley quedará anulada.
“Si es que llegara a haber un paro de transporte público de aquí para adelante, se anula la ley. Esa ley queda anulada si es que llega a haber un día de paro”, afirmó Saavedra, al ser consultado sobre si los paros podrían poner fin al acuerdo alcanzado con los transportistas.
La posición del municipio se da en paralelo al inicio de controles sobre las condiciones de los micros que prestan servicio en la capital cruceña. La Alcaldía estableció obligaciones para los operadores y otorgó un plazo de 30 días para que los vehículos sean puestos en condiciones adecuadas, principalmente en aquellos aspectos que afectan directamente a los pasajeros.
Entre las reparaciones exigidas están los pisos deteriorados, asientos dañados y ventanas en mal estado. De acuerdo con lo anunciado por la autoridad municipal, las unidades que mantengan estas deficiencias después del plazo establecido deberán salir de circulación desde el 2 de noviembre.
Saavedra remarcó que las exigencias establecidas para los transportistas no constituyen compromisos sujetos a negociación, sino obligaciones que deberán ser cumplidas.
“Estas son obligaciones, no compromiso”, sostuvo.
La fiscalización, además, no quedaría restringida a los funcionarios municipales. El alcalde señaló que concejales, juntas vecinales y organizaciones de la sociedad civil podrán participar en el control, incluso mediante fotografías de las condiciones de los vehículos y reportes sobre las líneas a las que pertenecen.
A estas medidas se suma el registro de las unidades. Los transportistas tendrán 60 días para inscribir todos sus vehículos ante el municipio. Saavedra indicó que, cumplido ese periodo, las unidades que no figuren en el registro municipal no deberían continuar prestando el servicio.