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Cochamanidis afirmó que la iniciativa forma parte de la agenda para recuperar competencias autonómicas y pidió que la transferencia de los institutos se realice con los recursos necesarios.
17/10/2026 0:00
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El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, informó que se trabaja en una propuesta legislativa para que los institutos técnicos y tecnológicos del país pasen a depender de las gobernaciones, como parte de una agenda destinada a recuperar competencias autonómicas en el área educativa.
Durante una entrevista en el programa Que No Me Pierda, Cochamanidis explicó que el proyecto se encuentra en revisión y que la transferencia no debe limitarse a entregar responsabilidades administrativas a los gobiernos departamentales, sino que también debe contemplar los recursos económicos necesarios para garantizar su funcionamiento.
“Ya hay un proyecto de ley que se está revisando tanto en la Gobernación como nosotros, es que los institutos técnicos tecnológicos en todo el país pasen a las gobernaciones, pero no es solamente que pasen con la responsabilidad, tienen que pasar con el recurso que ya estaba presupuestado para este año desde el nivel central”, manifestó.
El dirigente cívico señaló que la propuesta también contempla que las gobernaciones y las asambleas legislativas departamentales tengan participación en la definición de las carreras y los contenidos de formación, de acuerdo con las características económicas y productivas de cada región.
“De repente debemos potenciar más el agro, debemos potenciar más la ganadería, ya eso lo verá cada departamento, porque tenemos que vivir la realidad”, sostuvo.
Cochamanidis explicó que la intención es que la formación técnica responda a las necesidades de cada departamento y permita preparar a los estudiantes para las actividades que tienen mayor importancia en sus regiones.
El dirigente sostuvo que la recuperación de competencias en educación forma parte de una agenda autonómica más amplia, que también incluye áreas como salud e infraestructura.
A su criterio, las responsabilidades que actualmente se encuentran concentradas en el Gobierno central deben distribuirse de manera que las autoridades departamentales puedan responder a las necesidades de su población.