La legisladora del PDC explicó que la norma aprobada en Diputados contempla restitución de derechos, beneficios sociales y, según cada caso, una eventual reincorporación; el proyecto ahora pasará al Senado.
09/09/2026 23:43
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La diputada del PDC Catherine Pinto Veneros destacó la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de ley destinado a restituir derechos a policías y militares que fueron dados de baja o afectados en sus carreras tras los acontecimientos de 2019.
Durante una entrevista, la legisladora señaló que la propuesta fue aprobada previamente por unanimidad en comisión y posteriormente obtuvo el respaldo de más de dos tercios de la Cámara Baja.
“Hoy la Asamblea Legislativa ha marcado un hito en la historia. Esto se ha aprobado en la comisión por unanimidad y en la Cámara de Diputados por más de dos tercios”, afirmó Pinto.
Cada caso será evaluado de manera individual
Pinto explicó que la norma no implica automáticamente la reincorporación de todos los afectados, ya que la situación de cada persona deberá analizarse individualmente.
“Cada caso es independiente”, sostuvo.
Según explicó, algunos efectivos podrían encontrarse actualmente en edad de jubilación, por lo que la restitución estaría relacionada con el acceso a beneficios sociales o una pensión. En otros casos podría corresponder una reincorporación o la restitución de derechos vinculados con su carrera.
“Que los reincorporen o les restituyan todo aquello que se les hubiera arrebatado”, manifestó.
La norma contempla 20 artículos
De acuerdo con la diputada, el proyecto consta de 20 artículos y busca restablecer de manera integral los derechos de efectivos de la Policía Boliviana y de las Fuerzas Armadas que, según sostuvo, fueron afectados en sus carreras profesionales después de los hechos de 2019.
Pinto aseguró que existen casos de uniformados que fueron degradados, dados de baja o perdieron beneficios sociales, situación que también habría repercutido sobre sus familias.
La legisladora remarcó que la propuesta no modifica ni interfiere con procesos penales que continúan siendo tramitados en la justicia ordinaria.
“Esta norma no tiene absolutamente nada que ver con los procesos que se están ventilando en la vía ordinaria jurisdiccional”, aclaró.
Unos 12 policías serían beneficiarios directos, según Pinto
Consultada sobre la cantidad de personas que podrían alcanzar los efectos de la futura norma, Pinto indicó que existen aproximadamente 12 policías que todavía no habrían logrado restablecer sus derechos.
Además, señaló que se maneja como referencia un universo de entre 30 y 35 policías, entre oficiales, suboficiales y sargentos, que habrían resultado afectados, junto con una cantidad similar dentro de las Fuerzas Armadas.
La diputada aclaró que varios uniformados acudieron previamente a recursos constitucionales y consiguieron determinadas restituciones, aunque sostuvo que sus carreras profesionales igualmente habrían sido perjudicadas.
No se plantea un resarcimiento económico retroactivo general
La legisladora también indicó que el proyecto no apunta a establecer de manera general el pago retroactivo de salarios o beneficios desde 2019.
Según Pinto, los propios afectados habrían considerado la actual situación económica del país y la norma estaría orientada principalmente a recuperar derechos y beneficios de aquí en adelante.
Sin embargo, señaló que el proyecto contempla la posibilidad de impulsar procesos de repetición contra funcionarios que eventualmente sean declarados responsables de haber vulnerado derechos mediante actuaciones arbitrarias.
Estas eventuales responsabilidades deberán ser determinadas mediante los procedimientos legales correspondientes.
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