Soboce lleva litigio a la CAN y pide suspender cobro temporalmente

La empresa Soboce presentó un reclamo ante la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN) contra el Estado boliviano por un presunto incumplimiento del derecho comunitario, dentro del prolongado litigio que mantiene con Fancesa.

El abogado externo de Soboce, Hugo Gómez, jurista internacional y expresidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, explicó que el reclamo no busca reabrir todo el proceso judicial nacional, sino cuestionar un criterio establecido recientemente por el Tribunal Supremo de Justicia.

“La empresa Soboce ha acudido ante la Secretaría General de la Comunidad Andina porque ha habido un incumplimiento del derecho andino”, afirmó Gómez.

Cuestionan trato diferenciado

Según el jurista, el conflicto comunitario surgió a partir de una resolución judicial emitida en junio de 2026.

Gómez explicó que el Tribunal Supremo habría considerado que Fancesa, debido a que entre sus accionistas existen entidades públicas, puede recibir determinadas prerrogativas propias del sector estatal.

De acuerdo con su explicación, estas condiciones consistirían en considerar imprescriptibles sus acreencias e inembargables sus bienes.

Para la defensa de Soboce, este criterio rompería la igualdad de condiciones entre ambas empresas cementeras y vulneraría el principio de trato nacional previsto dentro del derecho de la Comunidad Andina.

“Hablar de violación del trato nacional es una forma de decir que hay una discriminación o un favoritismo”, manifestó Gómez.

Reclamo es independiente del proceso nacional

El abogado aclaró que acudir a la Comunidad Andina no representa una apelación adicional ni significa que Soboce haya agotado previamente las instancias bolivianas.

Explicó que se trata de una vía diferente, enfocada exclusivamente en determinar si una actuación del Estado boliviano vulneró las normas comunitarias.

“No es que se está acudiendo a la vía supranacional porque se ha perdido en la nacional. No es así”, señaló.

Gómez indicó que el acto cuestionado es un auto emitido por el Tribunal Supremo el 26 de junio de 2026, al que Soboce atribuye una presunta vulneración del principio de trato nacional.

Primera decisión podría conocerse en menos de cuatro meses

El procedimiento comenzó ante la Secretaría General de la Comunidad Andina, que deberá emitir un dictamen sobre el reclamo.

Gómez explicó que este pronunciamiento no es vinculante, pero puede establecer la existencia de un incumplimiento y exhortar al Estado boliviano a adecuarse al derecho comunitario.

Posteriormente, la empresa podría acudir al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, instancia jurisdiccional que sí puede emitir una sentencia.

Según el abogado, el trámite ante la Secretaría General normalmente podría extenderse entre cuatro y cinco meses, aunque Soboce  espera una respuesta en un plazo menor debido a que alegó la existencia de un presunto incumplimiento flagrante.

Si posteriormente el caso llega al Tribunal Andino, Gómez estimó que una resolución podría demorar alrededor de un año.

Piden suspender la ejecución del cobro

Mientras avanza el procedimiento comunitario, Soboce presentó ante el Juzgado Civil y Comercial 11 de Sucre una solicitud para suspender la ejecución de la sentencia y, por tanto, frenar temporalmente el cobro.

El litigio incluye una sentencia que dispone el pago de más de Bs 744 millones, según se recordó durante la entrevista.

Gómez explicó que la empresa considera necesario esperar el pronunciamiento de las instancias comunitarias para evitar consecuencias que, según su posición, podrían ser irreversibles.

“Estamos hablando de una empresa que puede quebrar, una empresa que va a cesar sus operaciones, que van a haber despidos”, afirmó al explicar los riesgos que Soboce  atribuye a una eventual ejecución inmediata.