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¿Qué cambia con el nuevo decreto de combustibles?

La modificación del Decreto Supremo 5652 busca resguardar la estabilidad de precios ante la coyuntura económica y asegurar el suministro nacional.

Imagen referencia | Foto: Archivo Red Uno.
Bolivia

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En medio de la preocupación por la disponibilidad de diésel y gasolina en Bolivia, el Gobierno promulgó el Decreto Supremo N° 5683, una norma que amplía los recursos destinados a respaldar la importación de combustibles.

La medida aumenta de Bs 1.000 millones a Bs 2.000 millones el monto máximo que el Tesoro General de la Nación (TGN) podrá asignar a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para cubrir el diferencial entre el costo internacional de los carburantes y los precios establecidos en el país.

La norma está enfocada en ampliar el respaldo financiero que permite a YPFB cubrir parte de la diferencia entre el costo de importación y el precio reconocido dentro del esquema vigente.

Es decir, los recursos buscan ayudar a sostener el abastecimiento mientras continúan las políticas relacionadas con el mercado de combustibles.

¿De dónde salen los recursos?

El financiamiento provendrá del Tesoro General de la Nación (TGN), que podrá asignar hasta Bs 2.000 millones a YPFB.

El monto representa un límite máximo autorizado, por lo que no implica necesariamente que todo el dinero será entregado de manera inmediata.

La asignación dependerá de las necesidades y la disponibilidad financiera del Estado.

¿Para qué se utilizará el dinero?

Según la norma, los recursos estarán destinados a cubrir el diferencial entre los costos de importación y el precio preterminal o precio de paridad de importación del petróleo crudo.

En términos simples:

  • Bolivia importa parte de los combustibles que consume.
  • El costo internacional puede ser superior al precio establecido internamente.
  • La diferencia debe ser cubierta mediante mecanismos financieros.
  • El decreto amplía los recursos disponibles para ese objetivo.

¿Por qué se aprobó esta medida?

El Gobierno argumentó que la decisión responde a la necesidad de garantizar el abastecimiento de combustibles en todo el territorio nacional y mantener medidas de estabilización de precios.

La norma también se enmarca en la política estatal de hidrocarburos, que establece que el Estado debe dirigir y controlar este sector estratégico.

¿Qué se espera ahora?

Con esta ampliación presupuestaria, el Gobierno busca fortalecer la capacidad de YPFB para afrontar los costos de importación y asegurar la llegada de combustibles al mercado nacional.

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