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Nueve días antes de ser ejecutada a balazos en Caraz, la candidata a la gobernación de Áncash alertó en sus redes sociales sobre un plan para silenciarla. El Gobierno responde con capturas y el relevo de altos mandos de la PNP.
21/09/2026 20:18
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El crimen de la comunicadora y candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Isabel Aponte Polo, conocida popularmente como "China Polo", ha sacudido las bases periodísticas y políticas del Perú. Sin embargo, más allá del impacto del atentado ocurrido el pasado sábado 19 de septiembre en Caraz, la indignación pública se centra en el historial de advertencias desoídas que la víctima dejó grabadas públicamente antes de ser asesinada.
Aponte Polo no fue sorprendida por sus victimarios en la oscuridad: lo vio venir y le puso nombre y apellido al peligro que la acechaba.
Una alerta desesperada en redes sociales
El antecedente central de este trágico desenlace ocurrió nueve días antes del ataque. A través de su canal de YouTube (China Polo Dominical) y sus redes sociales, la periodista lanzó una desesperada advertencia: "Han ordenado un atentado contra mi persona".
En sus transmisiones —hoy convertidas en piezas clave para la Fiscalía—, la comunicadora acusó directamente al general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Revoredo, director de Investigación Criminal, de liderar un plan para silenciarla. Según Aponte Polo, el hostigamiento en su contra respondía a sus investigaciones periodísticas, las cuales exponían presuntos vínculos entre altos mandos policiales, la minería ilegal y la organización criminal Los Pulpos.
Pese a haber solicitado garantías para su vida y haber expuesto llamadas extorsivas y amenazas procedentes de diversos centros penitenciarios del país, las medidas de protección formal jamás se materializaron.
La ejecución a plena luz del día
La falta de resguardo se materializó este mediodía en un concurrido mercado de la provincia de Huaylas. Mientras la candidata por el movimiento Socios por Áncash realizaba actividades de campaña, un sujeto simuló ser un simpatizante para acercarse y dispararle directamente en la cabeza, provocándole la muerte instantánea.
Las investigaciones posteriores han derivado en la captura de al menos tres sospechosos de integrar la red de sicariato, entre ellos un ciudadano de nacionalidad venezolana señalado como el presunto autor material del disparo, según informan medios internacionales.
El peso de las denuncias previas formuladas por la periodista desató una crisis inmediata en el Ejecutivo y la cúpula policial. Ante la presión social y gremial, el Gobierno Central dispuso la reasignación de varios generales y el apartamiento directo del general Víctor Revoredo de su cargo mientras avanzan las indagaciones.
Gremios de prensa y organismos de derechos humanos han calificado el hecho como un ataque brutal contra la libertad de expresión, exigiendo que las investigaciones no solo identifiquen a los ejecutores materiales, sino que esclarezcan a fondo la red de corrupción que la comunicadora intentó destapar antes de ser silenciada.