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Datos de YPFB y la ANH muestran que el 80,3% utiliza gasolina, GNV o ambos combustibles. Conoce qué revelan las cifras y a quiénes impacta realmente el retiro de la subvención al diésel.
23/09/2026 12:34
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Solo dos de cada 10 vehículos de transporte público en Bolivia funcionan exclusivamente con diésel, según datos actualizados de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), difundidos por el Ministerio de la Presidencia.
De un total de 202.182 vehículos de servicio público, 39.880 utilizan exclusivamente diésel, lo que representa el 19,7% del parque automotor de este sector.
En tanto, el 80,3% restante utiliza otros combustibles: 67.815 vehículos funcionan con gasolina, 29.290 con GNV y 65.197 pueden operar con GNV y gasolina.
Casi la mitad utiliza GNV
Los datos oficiales también muestran que 94.487 vehículos de transporte público, equivalentes al 46,7%, pueden operar con gas natural vehicular.
De este grupo, 29.290 funcionan exclusivamente con GNV y otros 65.197 utilizan GNV y gasolina. Según el Gobierno, este combustible mantiene la subvención y su distribución continúa con normalidad.
Gobierno defiende el retiro de la subvención
El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo Carrasco, sostuvo que la eliminación de la subvención al diésel busca reducir el contrabando, la corrupción y el costo económico que representa el sistema de precios subsidiados.
“Durante años, este sistema de precios de combustibles ha permitido mantener artificialmente un precio interno, con un costo elevadísimo para la sociedad y la ciudadanía”, afirmó durante una conferencia de prensa.
El Gobierno también señaló que la subvención beneficiaba en mayor proporción a los vehículos particulares. Según sus datos, el 93,7% del parque automotor nacional corresponde a motorizados particulares, mientras que el servicio público representa una proporción menor.
Aramayo afirmó además que, de acuerdo con informes de organismos internacionales citados por el Ejecutivo, más del 50% del beneficio del precio diferenciado llegaba a sectores de ingresos altos y cerca del 7% a hogares pobres.
El Gobierno sostiene que los recursos que dejarían de destinarse a la subvención, estimados en $us 2.600 millones anuales, podrán ser destinados a infraestructura y servicios públicos.
Con información de ABI