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El economista Fernando Romero señala que la eliminación de la subvención al diésel puede aliviar las cuentas del Estado y reducir distorsiones como el contrabando, pero también tendrá efectos sobre el transporte, los alimentos y la actividad económica
21/09/2026 10:24
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La eliminación de la subvención al diésel en Bolivia genera efectos tanto en las cuentas públicas como en los costos de transporte, producción y consumo. El economista Fernando Romero explicó los principales alcances de la medida y advirtió que su impacto dependerá de cómo el Gobierno administre los recursos que se liberen.
Un ajuste con impacto fiscal y energético
El economista señaló que, desde una perspectiva fiscal y energética, la eliminación del subsidio responde a tres factores. El primero es el costo para las finanzas públicas, que estimó en alrededor de $us 55 millones semanales destinados a combustibles.
El segundo está relacionado con la dependencia de las importaciones. Según el análisis del economista, Bolivia importa aproximadamente el 90% del diésel que consume, por lo que mantener un precio interno por debajo del costo de reposición genera dificultades para garantizar el abastecimiento.
El tercer factor es la distorsión entre el precio nacional y el internacional. El nuevo precio de Bs 17,95 por litro, frente a los Bs 9,80 anteriores, representa un incremento de aproximadamente 83,2%, de acuerdo con sus cálculos. Romero considera que el ajuste puede reducir los incentivos al contrabando y al desvío de combustible.
Sin embargo, advirtió que el diésel es un insumo transversal y que el incremento repercute directamente en sectores como transporte, agropecuaria, construcción, minería y logística.
Medida se da en un escenario complejo
El economista también observó que la modificación llega en un contexto marcado por inflación, presión cambiaria, elevado endeudamiento, bajas reservas internacionales y dificultades para acceder a divisas.
Romero relacionó la decisión con el programa de financiamiento acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por aproximadamente $us 1.900 millones, que contempla medidas de consolidación fiscal y reducción de subsidios.
Según su análisis, aunque el cronograma inicial contemplaba una eliminación de las subvenciones hacia 2027, la decisión del Gobierno adelanta esta reforma para facilitar el acceso al financiamiento externo.
¿Qué efectos positivos puede generar?
Entre los posibles beneficios, Romero identifica un alivio para las cuentas fiscales, siempre que los recursos liberados no sean destinados a incrementar el gasto corriente.
También considera que el nuevo esquema podría mejorar las condiciones para YPFB y los importadores privados, al permitir recuperar los costos de reposición y favorecer el abastecimiento.
Otro efecto esperado es la reducción de las distorsiones que favorecen el contrabando, al acercar el precio interno al costo internacional.
Asimismo, el economista señala que existe el objetivo de incrementar la producción nacional de diésel, mediante la reactivación de refinerías, para elevar la participación de producción interna del 5% al 8%.
El impacto sobre los hogares y sectores productivos
Entre los principales riesgos se encuentra el incremento de los costos de producción y transporte. El mayor precio del combustible puede trasladarse progresivamente a fletes, alimentos y otros bienes y servicios.
Romero también advierte sobre una posible reducción del poder adquisitivo de los hogares y una presión adicional sobre las empresas, particularmente en un contexto de menor actividad económica.
Los gobiernos municipales y departamentales también podrían enfrentar mayores costos, debido a que deben adquirir combustible para ambulancias, maquinaria, vehículos oficiales y servicios de emergencia.
¿Quiénes resultan afectados?
De acuerdo con el análisis de Romero, entre los sectores que enfrentarán mayores costos están los hogares de menores ingresos, transportistas, pequeños productores agropecuarios y gobiernos subnacionales.
En el otro lado, identifica como potencialmente beneficiadas a las finanzas públicas, YPFB y empresas importadoras, siempre que la eliminación del subsidio permita reducir el déficit y mejorar el abastecimiento.
Inflación podría superar las previsiones
Romero proyecta un escenario de inflación de entre 17% y 20% para 2026, por encima de las previsiones oficiales previas que manejaban una tasa de 14%.
El economista advierte que la inflación podría superar el 20% si continúan la depreciación cambiaria y el incremento de los precios internacionales de los combustibles.
¿Qué habría ocurrido sin eliminar la subvención?
Según su análisis, mantener el subsidio podría haber profundizado problemas ya registrados, como escasez de diésel, largas filas, mercado informal y dificultades para importar combustible debido a la falta de dólares y a las condiciones del mercado internacional de refinados.
Alternativas planteadas
Ante el impacto de la medida, Romero plantea algunas alternativas, entre ellas una subvención focalizada y temporal para el transporte público urbano y pequeños productores de alimentos, mediante mecanismos de control y trazabilidad.
También propone destinar parte de los recursos liberados a infraestructura energética, refinación y lucha contra el contrabando, además de ejecutar un programa fiscal de emergencia de tres años que reduzca el gasto corriente improductivo y las pérdidas de empresas públicas.
En su análisis, la eliminación de la subvención permite corregir una distorsión en el mercado de combustibles, pero genera costos inmediatos sobre la inflación y la actividad económica. El efecto final dependerá, principalmente, de la capacidad del Gobierno para administrar los recursos liberados y garantizar el abastecimiento de diésel.