El Gobierno de Estados Unidos aplicó restricciones migratorias a 15 ciudadanos bolivianos en el marco de su política exterior.
22/10/2026 20:24
Escuchar esta nota
El Ministerio Público prescindió del servicio de 60 funcionarios el pasado 20 de octubre, medida que alcanza a dos de los nombres incluidos en la reciente lista de sancionados por Estados Unidos, de acuerdo a lo que informó el fiscal general interino, José Armando Urioste.
La determinación institucional afecta directamente a los exfuncionarios Félix Gerardo Balderas Arteaga y Julio César Porras Velarde.
Respecto a su situación legal y laboral, Urioste sostuvo que "no se los ha notificado todavía porque llegan en físico las notificaciones, pero quedan fuera los funcionarios públicos, Balderas y Porras, quienes seguramente van a ser sometidos a una investigación".
La fiscalía evalúa los antecedentes recabados previamente para fundamentar el avance de las indagaciones respecto al caso. Sobre este aspecto, la autoridad del Ministerio Público explicó que "estamos colectando los elementos investigativos que ya teníamos nosotros antes y esto corrobora que estamos en la línea correcta de investigación".
El Departamento de Estado de los Estados Unidos dispuso restricciones migratorias bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad a 15 ciudadanos bolivianos y sus familiares directos.
Ante la repercusión de esta nómina internacional, Urioste remarcó que "por eso no hay que satanizar la lista, en base a los elementos que tenemos, vamos a investigar a algunas personas".
La norma estadounidense faculta la denegación de ingreso cuando se considera que la presencia de los involucrados genera consecuencias adversas para la institucionalidad.
Para finalizar, el fiscal interino señaló que "lamentablemente en este proceso de investigación, de un tiempo a esta parte Bolivia está quedando muy mal, el nivel de corrupción se está destapando, pero eso es una buena noticia, porque si había corrupción, es el momento de inflexión esto".
