Intervención a YPFB identifica irregularidades y más de 300 usuarios con accesos al sistema

El viceministro de Transparencia, Yamil García, informó este viernes que la intervención a YPFB en Santa Cruz permitió identificar una serie de irregularidades relacionadas con la venta, asignación, despacho y facturación de combustible, además de más de 300 usuarios que interactuaban con los sistemas de la estatal petrolera.

García explicó que entre los hechos detectados se encuentran la venta irregular y anticipada de combustible, así como la facturación anticipada de millones de litros que todavía no habían llegado al territorio nacional. También se evidenciaron asignaciones discrecionales a determinados compradores, sin parámetros objetivos.

“Venta irregular, venta anticipada de combustible, facturación anticipada de millones de litros de combustible sin que todavía hayan llegado al territorio nacional”, explicó el viceministro. “Prioridad discrecional para ciertos compradores, es decir, que se generaban asignaciones sin parámetros objetivos”, afirmó.

La autoridad explicó que también se detectó la participación de usuarios externos que estarían incidiendo en la asignación de despachos para favorecer a determinados usuarios y proveedores.

Otro de los hallazgos corresponde a la falta de alertas en los sistemas para detectar estas inconsistencias. Según García, se encontraron desfases entre los volúmenes programados, despachados y facturados, además de modificaciones posteriores realizadas de forma retroactiva.

El viceministro sostuvo que estas acciones habrían tenido como finalidad favorecer a contrabandistas y desviar combustible subvencionado. Por ello, anunció que se iniciarán acciones legales contra usuarios, operadores, funcionarios y despachantes identificados durante la intervención.

García indicó además que la investigación no se limitará al nivel operativo. La comisión intervino el denominado “Búnker Digital” de YPFB, ubicado en la avenida 16 de Julio, en La Paz, donde se recabó información sobre las inversiones realizadas por la estatal en infraestructura tecnológica durante los últimos cinco años.

De acuerdo con el informe, YPFB habría destinado más de Bs 470 millones en infraestructura tecnológica durante ese periodo. Sin embargo, el viceministro cuestionó que, pese a esa inversión, no se haya implementado un sistema que permita realizar una trazabilidad completa del combustible, desde su ingreso hasta su despacho y facturación.

“Los bolivianos hemos gastado más de 470 millones de bolivianos en los últimos cinco años para montar bunkers digitales. Sin embargo, no se ha elaborado un sistema informático y digital que permita la trazabilidad de la información”, afirmó García.

La intervención también contempla la participación de la AGETIC, con el objetivo de determinar quiénes permitieron que usuarios antiguos continuaran interactuando con los sistemas considerados vulnerables y establecer responsabilidades más allá de quienes tenían acceso operativo.

García precisó que los usuarios identificados que interactuaban de manera irregular con los sistemas superan los 300. Aclaró que sus accesos fueron cortados, pero que esta medida es solamente correctiva y que ahora se busca establecer quiénes permitieron que esas operaciones continuaran.

“Más allá de la medida correctiva, nosotros necesitamos identificar a quienes han permitido que estas interacciones continúen”, sostuvo el viceministro.

Finalmente, el viceministro señaló que la investigación también alcanzará otros gastos realizados por YPFB que, según la comisión, no habrían contribuido a resolver la problemática del contrabando y desvío de combustible.