Alas Chiquitanas pide esclarecer no solo quién lo mató, sino también el destino de sus partes y posibles vínculos con el tráfico ilegal de fauna. Además, cuestiona la falta de protocolos y recursos para rescatar animales silvestres y reclama una aplicación efectiva de las normas de protección al jaguar para evitar nuevos casos de impunidad.
10/08/2026 11:27
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El colectivo Voluntarios de Alas Chiquitanas hizo público un pronunciamiento sobre el biocidio de un jaguar registrado el 8 de agosto en el barrio San Francisco de Guayaramerín, Beni, y pidió una investigación que permita esclarecer no solo la muerte del animal, sino también el posible tráfico ilegal de sus partes.
Según el documento, el jaguar (Panthera onca) fue abatido a tiros y posteriormente encontrado decapitado, desollado y mutilado. Los activistas sostienen que videos difundidos por vecinos hacen presumir que el hecho no habría ocurrido en un contexto de defensa propia.
La Fiscalía Departamental del Beni inició de oficio una investigación por los presuntos delitos de biocidio y porte o portación ilícita de armas. El colectivo considera que las pesquisas deben identificar a los responsables y determinar qué ocurrió con la cabeza, piel, colmillos y garras del felino.
Alas Chiquitanas pidió que se investigue además la posible existencia de redes dedicadas al tráfico de partes de fauna silvestre, debido a la forma en que fue mutilado el animal.
Cuestionan falta de protocolos para rescatar fauna
El colectivo también cuestionó la respuesta institucional ante la presencia de un jaguar en una zona urbana. Señaló que la situación debió activar protocolos de emergencia para proteger a la población y, en lo posible, capturar y reubicar al animal con vida.
Los activistas recordaron experiencias anteriores de rescate de fauna silvestre mediante técnicas de contención y sedación y plantearon la necesidad de contar con personal especializado, equipamiento, protocolos actualizados y líneas de emergencia en el departamento del Beni.
Piden aplicar la normativa de protección al jaguar
El pronunciamiento recuerda que la Ley N.º 700 sanciona el biocidio cuando un animal es matado con ensañamiento o por motivos fútiles.
Asimismo, destaca la Resolución SP-TAA 001/2025-AA, emitida por la Sala Plena del Tribunal Agroambiental el 23 de abril de 2025, que establece medidas de protección para el jaguar, su hábitat y sus corredores biológicos.
Alas Chiquitanas también exige conocer qué avances existen en la creación del Fondo Nacional de Conservación del Jaguar, planteado para fortalecer con recursos, tecnología, equipamiento y capacitación a guardaparques, Pofoma y centros de custodia.
Advierten sobre antecedentes de impunidad
El colectivo sostiene que el caso de Guayaramerín se suma a otros procesos relacionados con la muerte de jaguares que, según su pronunciamiento, permanecen sin resoluciones firmes. Entre ellos menciona una investigación contra un ciudadano argentino por presunta caza de jaguares en el ANMI San Matías y el caso del descuartizamiento de un jaguar en Cochabamba, vinculado a operaciones de la empresa china Sinohydro.
Para los activistas, estos antecedentes pueden generar una percepción de impunidad y permisividad frente a los delitos contra la fauna silvestre.
Exigen una protección efectiva
Alas Chiquitanas pidió al Tribunal Agroambiental ejercer sus atribuciones de supervisión y solicitar informes a instituciones como el Ministerio Público, POFOMA, SERNAP, ABT y el Viceministerio de Medio Ambiente.
El colectivo resumió su demanda en un mensaje: “El jaguar ya tiene una protección judicial. Ahora debe tener una protección real”, con medidas de prevención, recursos para las instituciones responsables y acciones efectivas contra el tráfico de fauna y la impunidad.
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