Diputados exige levantar bloqueos y garantizar libre circulación

La Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó una declaración camaral en la que expresa su preocupación por la crisis social que atraviesa el país y exhorta a los sectores movilizados a levantar los bloqueos y declarar una “pausa humanitaria” para garantizar la circulación de personas, alimentos, medicamentos y servicios de emergencia.

En el documento, la Cámara Baja cuestiona la “actitud intransigente” de algunos sectores que se rehúsan a instalar un diálogo con el Gobierno nacional y advierte que las medidas de presión están generando pérdidas económicas, desabastecimiento y afectación directa a las familias bolivianas.

“Resulta absolutamente inadmisible que, bajo la excusa de la protesta, se pretenda desestabilizar a un Gobierno democráticamente electo, poniendo en riesgo la institucionalidad, la paz social y la convivencia democrática”, señala parte de la declaración camaral.

En ese contexto, los diputados exhortaron a los sectores movilizados a suspender las medidas de presión y garantizar el libre tránsito de ambulancias, oxígeno medicinal, medicamentos, alimentos, turistas, adultos mayores, niños y personas en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, la Cámara de Diputados pidió al Gobierno insistir en la apertura de espacios de diálogo como vía democrática para resolver el conflicto y restablecer la paz social.

El documento también solicita al Órgano Ejecutivo activar mecanismos de coordinación interinstitucional para asegurar el abastecimiento de productos esenciales y preservar la salud y la vida de la población.

Finalmente, los legisladores recomendaron a las autoridades encargadas del orden público actuar “con firmeza” en el marco de la Constitución Política del Estado (CPE), priorizando la protección de la vida, la salud y los derechos fundamentales de la ciudadanía.

“El Ministerio Público, en coordinación con la Policía Boliviana, deberá actuar con firmeza en el marco de sus atribuciones constitucionales y normativas, iniciando, incluso de oficio, las acciones penales correspondientes en contra de los autores mediatos e inmediatos, encubridores, instigadores y cómplices de hechos delictivos. La exigencia de renuncia de un presidente democráticamente electo constituye, con alta probabilidad, delitos de orden público”, añade el documento camaral.