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La nueva normativa establece cómo denunciar presuntos cobros ilegales, extorsiones y exigencias de dádivas en la Policía y la Justicia. Entre sus principales medidas, permite presentar denuncias por vía digital y protege la identidad de los denunciantes mediante un código confidencial.
14/10/2026 12:05
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El Gobierno de Rodrigo Paz promulgó el Decreto Supremo N.º 5749, que establece un procedimiento para recibir, atender y canalizar denuncias por presuntos actos de corrupción en instituciones judiciales y policiales. La norma permite presentar denuncias por escrito o mediante una plataforma digital y contempla la reserva de identidad de quienes reporten estos hechos.
La normativa busca atender denuncias contra servidores públicos y exservidores del Ministerio Público, Órgano Judicial, Derechos Reales, Tribunal Constitucional Plurinacional y Policía Boliviana por presuntos hechos de extorsión, concusión, exacciones, cobros ilegales o exigencia de dádivas.
Entre las conductas denunciables están los cobros o solicitudes indebidas de dinero, favores o beneficios a cambio de admitir, acelerar, paralizar, retrasar o modificar actuaciones judiciales o administrativas.
El decreto establece que estas denuncias serán recibidas y canalizadas por el Viceministerio de Transparencia, Lucha Contra la Corrupción, Integridad Pública y Justicia, dependiente del Ministerio de la Presidencia.
¿Dónde se podrán presentar las denuncias?
Los ciudadanos podrán presentar sus denuncias por escrito en las oficinas centrales o enlaces departamentales del Viceministerio, así como mediante la plataforma digital que se habilite para este fin.
La norma establece un plazo máximo de cinco días hábiles, computables desde su publicación, para que esa instancia haga públicas las ubicaciones de sus oficinas y las direcciones web de acceso al sistema digital.
Protección de la identidad del denunciante
Uno de los aspectos centrales del decreto es la reserva de identidad, que podrá aplicarse a solicitud del denunciante o de oficio.
En esos casos, se asignará un código alfanumérico confidencial y único que sustituirá los datos personales del denunciante en las actuaciones administrativas.
El decreto dispone que la identidad real permanezca bajo custodia confidencial del Viceministerio y prohíbe el acceso de terceros a esa información, bajo responsabilidad penal y administrativa. Además, la protección podrá solicitarse para que se mantenga durante eventuales procesos penales.
Sin embargo, la reserva podrá levantarse mediante una resolución fundamentada si se comprueba que la denuncia contiene hechos falsos, elementos alterados o fue presentada con manifiesta temeridad o mala fe.
¿Qué pasará con las denuncias recibidas?
Una vez verificados los requisitos formales, el Viceministerio podrá gestionar el caso, remitirlo a una unidad de transparencia o a la instancia disciplinaria correspondiente, o derivarlo al Ministerio Público para que se evalúe el inicio de una acción penal.
La institución también podrá intervenir como coadyuvante o querellante en procesos penales.
El decreto aclara que la recepción y canalización de las denuncias no implica revisar las decisiones judiciales ni suspender plazos procesales, tampoco interfiere en las funciones de las instituciones involucradas.
Asimismo, dispone la coordinación mediante protocolos operativos con el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental, el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Constitucional Plurinacional, la Fiscalía General del Estado y el Comando General de la Policía Boliviana.
Con esta normativa, el Gobierno busca establecer una vía administrativa para reportar presuntos cobros ilegales y actos de extorsión en el ámbito judicial y policial, con mecanismos de reserva de identidad y derivación a las instancias competentes.