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Falso funcionario del INRA enfrenta audiencia por presunta estafa a familias menonitas

De acuerdo con la investigación, el acusado habría recaudado aproximadamente medio millón de dólares, mediante estos cobros a familias de distintas colonias menonitas del oriente boliviano estarían entre las presuntas víctimas.

Falso funcionario del INRA enfrenta audiencia por estafa a menonitas. FOTO: RED UNO.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

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En el Juzgado 28 del Palacio de Justicia de Santa Cruz de la Sierra se instaló este lunes la audiencia de medidas cautelares contra Eduardo R., acusado de hacerse pasar presuntamente por funcionario del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) para captar dinero de familias menonitas a cambio de supuestos trámites de saneamiento y titulación de tierras.

De acuerdo con la investigación, el acusado habría recaudado aproximadamente medio millón de dólares mediante estos cobros a familias de distintas colonias menonitas del oriente boliviano estarían entre las presuntas víctimas.

La denuncia señala que Eduardo R. se presentaba como funcionario del INRA y ofrecía gestionar procesos de saneamiento y regularización de terrenos. Sin embargo, los trámites comprometidos no se habrían concretado pese a los pagos realizados por los afectados.

Las denuncias involucran a familias de colonias ubicadas en Cuatro Cañadas, Manitoba, Pailón, Tres Cruces, San José de Chiquitos y Roboré.

El propio INRA habría aclarado que Eduardo R., no forma parte de la institución, elemento que es considerado dentro de la investigación para establecer cómo habría logrado presentarse ante las víctimas como funcionario público.

El hombre fue aprehendido por efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en Santa Cruz y es investigado por el delito de estafa agravada.

Durante la audiencia cautelar, el Ministerio Público deberá fundamentar los elementos colectados en la investigación y solicitar las medidas que considere pertinentes, mientras la defensa del acusado tendrá la oportunidad de presentar sus argumentos.

La autoridad jurisdiccional será la encargada de determinar la situación jurídica de Eduardo R. y establecer si corresponde la aplicación de medidas cautelares.

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