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Aseguró que las pesquisas continuarán, pero remarcó que las responsabilidades deberán determinarse mediante el debido proceso.
01/10/2026 15:22
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El vocero de Gobierno, José Luis Gálvez, afirmó que la principal hipótesis que guía las investigaciones del denominado caso Mariaca apunta a determinar si una organización vinculada al tráfico de drogas contó con mecanismos de protección dentro de instituciones del Estado.
“¿Cuál es la hipótesis de investigación que guía todo este esfuerzo? Que una organización vinculada al tráfico de drogas ha contado con mecanismos de protección dentro del propio Estado”, sostuvo Gálvez durante un pronunciamiento oficial.
El vocero señaló que corresponderá a la investigación determinar quiénes participaron, cómo habría funcionado la presunta estructura, desde cuándo operaba y qué decisiones pudieron adoptarse para favorecer hechos de impunidad.
“La investigación deberá determinar responsabilidades”
Gálvez insistió en que las afirmaciones del Ejecutivo corresponden a una hipótesis investigativa y que las responsabilidades individuales deberán ser establecidas dentro del proceso.
“La investigación será la que determine quiénes participaron, cómo operaban, desde cuándo lo hacían, a quiénes protegían y qué decisiones adoptaron para favorecer la impunidad”, manifestó.
Según el vocero, la gravedad del caso radicaría en la posibilidad de que redes vinculadas al narcotráfico hubieran obtenido protección desde espacios estatales.
“Cuando el narcotráfico compra protección, deja de ser solo un problema criminal. Se convierte en una amenaza contra el Estado y la totalidad de la sociedad”, sostuvo.
Gálvez también atribuyó políticamente esta situación a lo que denominó una “herencia recibida del régimen anterior”, una valoración del actual Gobierno que deberá diferenciarse de las conclusiones judiciales que surjan del proceso.
Mensaje a los fiscales: “Este operativo no es contra ustedes”
El vocero dirigió parte de su intervención a los fiscales del país y aseguró que las investigaciones no buscan cuestionar a todo el Ministerio Público.
“A los fiscales honestos, a los que cumplen su deber todos los días, a los que investigan, a los que no se venden, de manera explícita: este operativo no es contra ustedes”, expresó.
Gálvez aseguró que el objetivo, según el Ejecutivo, es fortalecer al Ministerio Público y evitar posibles influencias de organizaciones criminales.
“Bolivia necesita un Ministerio Público fuerte, sano, con fiscales independientes que no reciban órdenes de organizaciones criminales”, afirmó.
También convocó a los fiscales a continuar desempeñando sus funciones “con independencia, responsabilidad y en defensa de la sociedad”.
“El cargo no protege”
El vocero extendió su mensaje a todas las autoridades públicas, sean electas o designadas, y sostuvo que ninguna posición institucional debe impedir una investigación.
“No importa qué cargo tenga una persona, cuánto poder detente, a qué partido político pertenezca ni quién lo haya nombrado. Si existen evidencias de participación en delitos, deberán responder ante la Justicia”, manifestó.
En otro momento enfatizó: “El cargo no protege. El uniforme no protege. La influencia política no protege. Una oficina pública no protege”.
Según Gálvez, la posición del Ejecutivo es que la ley debe aplicarse de manera uniforme a cualquier persona investigada.
“Esto recién comienza”
El vocero afirmó que las diligencias continuarán y adelantó que, por razones operativas, el Gobierno no difundirá nombres ni detalles de las próximas actuaciones.
“El operativo continúa. La investigación continúa. Por razones operativas no vamos a anticipar nombres, ni revelar movimientos, ni comprometer evidencias”, señaló.
Gálvez añadió: “Esto recién comienza. Estamos empezando a desmontar una estructura criminal vinculada al narcotráfico y al mecanismo de protección e impunidad desde espacios de poder”.
Esta afirmación corresponde a la posición del Ejecutivo y deberá ser corroborada a través de las investigaciones y decisiones judiciales correspondientes.
Gobierno habla de una “batalla” contra el crimen organizado
Durante su intervención, Gálvez calificó la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado como una de las principales prioridades del Gobierno de Rodrigo Paz.
Sostuvo que la estrategia no debe limitarse al decomiso de sustancias controladas, sino que también debe impedir que recursos provenientes de actividades ilícitas sean utilizados para comprar protección, silencio o impunidad.
El vocero utilizó reiteradamente el término “narcoterrorismo” para describir la amenaza que, según el Gobierno, enfrentan las instituciones bolivianas.
“No habrá condenas anticipadas”
Pese a la firmeza de sus declaraciones, Gálvez remarcó que las personas investigadas mantienen sus garantías procesales y que no corresponde establecer responsabilidades antes de una decisión judicial.
“¿No habrá condenas anticipadas? Obviamente que no. No corresponde. Lo que habrá es un debido proceso”, manifestó.
Sin embargo, añadió que tampoco debe existir “impunidad anticipada” por el cargo que ocupe una persona.
Según el vocero, la instrucción del presidente Rodrigo Paz es “investigar hasta el final, proteger la evidencia y no proteger a nadie”.
“El objetivo es que las instituciones respondan a los ciudadanos y no a intereses vinculados al narcotráfico”, concluyó.