La justicia denegó este viernes 2 de octubre la acción de libertad presentada a favor de Róger Mariaca y Alberto Zeballos, ambos aprehendidos dentro de la investigación relacionada con una presunta organización criminal vinculada al narcotráfico.
02/10/2026 14:28
Escuchar esta nota
El recurso fue planteado en Santa Cruz por el abogado constitucionalista Wilmer Vásquez Mercado, con el objetivo de que la justicia constitucional revise las circunstancias en las que se produjeron las aprehensiones.
La audiencia se desarrolló en medio de un fuerte resguardo policial en el Palacio de Justicia de Santa Cruz de la Sierra.
Antes de la instalación del acto judicial, efectivos del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) ingresaron al edificio judicial.
Los agentes se desplazaron hasta el piso 15 del Palacio de Justicia, donde funciona el juzgado que conoció la acción constitucional.
La presencia policial estuvo relacionada con las medidas de seguridad adoptadas durante las audiencias vinculadas a los fiscales investigados.
Irusta tampoco consiguió la tutela
Horas antes, en La Paz, la Sala Constitucional Tercera rechazó otra acción de libertad presentada por la defensa del fiscal superior Martín Daniel Irusta.
Durante esa audiencia, su abogado cuestionó el procedimiento utilizado para la aprehensión y sostuvo que el caso habría sido puesto en conocimiento de un juez 16 horas después, pese a que, según su interpretación, correspondía hacerlo dentro de un plazo menor.
La justicia finalmente negó la tutela y dispuso que Irusta continúe sometido al proceso.
Continúan bajo investigación
Mariaca, Zeballos e Irusta permanecen vinculados a una investigación por presuntos delitos relacionados con organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas y tráfico de sustancias controladas.
Los tres deberán continuar sometidos a las actuaciones fiscales y judiciales mientras se define su situación procesal.
Las acusaciones forman parte de una investigación en curso y las responsabilidades individuales deberán ser determinadas por las autoridades judiciales respetando el debido proceso.
