El dueño de los canes evitó cualquier detalle sobre el paradero de los animales.
05/08/2025 10:39
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El caso genera indignación en el municipio de Colcapirhua. El propietario de dos perros de raza American Bully, responsables de atacar y matar a otra mascota el pasado fin de semana, se presentó ante Zoonosis, pero se negó a informar dónde se encuentran actualmente los canes.
Pese a haber acudido a la unidad municipal, el dueño no colaboró con la investigación y se limitó a comprometerse verbalmente a asumir los daños ocasionados. Sin embargo, evitó cualquier detalle sobre el paradero de los animales. Luis Garabito, director de Zoonosis de Colcapirhua, informó que los canes aún permanecen bajo custodia del propietario, quien aseguró que ya no se encuentran dentro del municipio, lo cual impide que las autoridades locales actúen directamente.
“Se les ha pedido que los traiga, pero el dueño indicó que no están dentro del municipio. Nosotros no podemos ingresar a otra jurisdicción, pero sí podemos solicitar colaboración a través de Pofoma para localizarlos”, explicó Garabito.
El hecho de que los animales continúen en manos de su dueño y fuera del alcance de las autoridades preocupa a vecinos y defensores de animales. Además, sorprende que, pese al riesgo que representan, no se haya logrado aún una acción efectiva para retirarlos del entorno.
Desde Zoonosis y la secretaría de Desarrollo Humano del municipio se informó que se analiza iniciar un proceso sancionatorio en base a la Ley 553, además de otras normativas municipales que habrían sido vulneradas.
Iván Padilla, secretario de Desarrollo Humano, confirmó que este viernes el propietario deberá firmar un compromiso formal de responsabilidad sobre sus animales. “El señor ya tiene antecedentes. En otra oportunidad llegó a un acuerdo con una parte afectada y el proceso quedó estancado. Ahora queremos que este compromiso escrito nos permita iniciar acciones más firmes en caso de nuevos incumplimientos”, manifestó.
Por el momento, se espera que Pofoma intervenga para dar con el paradero de los perros, mientras el municipio arma una carpeta legal para definir qué delitos se han cometido y qué sanciones pueden ser aplicadas.
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