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Las parlamentarias sostienen que las acusaciones deben pasar de las declaraciones a una investigación que determine si existen pruebas y posibles responsables.
21/08/2026 10:58
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La senadora Claudia Mallón y la diputada Lissa Claros coincidieron en que las denuncias de Nadia Beller sobre supuestos cobros a parlamentarios deben ser investigadas por el Ministerio Público y las instancias correspondientes de la Asamblea Legislativa.
Mallón sostuvo que ningún legislador debe considerarse intocable y aseguró que está dispuesta a someter sus cuentas y las de sus familiares a una revisión para esclarecer cualquier señalamiento. La senadora afirmó además que la polémica afecta aún más la imagen de una Asamblea cuestionada por la población.
“Yo no me agarro del cargo. Y lo digo con total franqueza”, afirmó Mallón, al señalar que incluso está dispuesta a renunciar si fuera necesario, aunque remarcó que también está en juego su dignidad, su honor y el de su familia.
La legisladora pidió que se identifique y sancione a cualquier parlamentario que hubiera incurrido en cobros o prebendalización de su voto.
“No vamos a encubrir absolutamente a nadie”, sostuvo, al considerar que el Ministerio Público debe realizar las investigaciones y determinar responsabilidades.
Por su parte, la diputada Lissa Claros rechazó haber recibido pagos y cuestionó que su nombre aparezca en una de las listas difundidas en medio de las denuncias. Aseguró que ha denunciado anteriormente presuntas irregularidades dentro de la Asamblea y que continuará haciéndolo pese a las repercusiones.
Claros también planteó investigar la asignación de cargos públicos que, según afirmó, podrían estar relacionados con acuerdos políticos o con el respaldo de determinados parlamentarios. En ese contexto, pidió avanzar hacia la institucionalización y la meritocracia en las entidades estatales.
La diputada sostuvo que los legisladores deben responder por cada una de sus decisiones y defendió la transparencia de sus votaciones.
“Mi voz no le pertenece ni al jefe de mi partido ni absolutamente a nadie. Me debo única y exclusivamente a la población boliviana”, afirmó.
Ambas legisladoras coincidieron en que las acusaciones no deben quedar únicamente en declaraciones públicas y que corresponde establecer si existen pruebas sobre los supuestos pagos, además de determinar quiénes estarían involucrados.
El caso volvió a poner bajo cuestionamiento a la Asamblea Legislativa, mientras las parlamentarias insistieron en que una investigación independiente permitirá separar las acusaciones sin sustento de aquellas que eventualmente puedan derivar en responsabilidades.
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