Te puede interesar:
La Procuraduría identificó siete observaciones en una contratación de YLB por más de Bs 24 millones y advirtió un posible daño económico al Estado. El caso será remitido al Ministerio Público para determinar responsabilidades.
06/10/2026 12:12
Escuchar esta nota
La Procuraduría General del Estado (PGE) identificó siete observaciones en el proceso de contratación para la impermeabilización de piscinas industriales de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), adjudicado en 2016 a la empresa Gerimex SRL por un monto superior a Bs 24 millones.
El procurador general del Estado, Hugo César León La Faye, informó que las observaciones fueron identificadas en un informe elaborado de manera conjunta entre la PGE y YLB.
Entre las irregularidades detectadas se encuentran inconsistencias en la evaluación del formulario A-6, relacionado con el equipo mínimo comprometido para la ejecución de la obra, el cual no llegó a completarse.
La PGE también observó la modificación de criterios de evaluación después de la apertura de propuestas y la asignación de puntajes sin respaldo en los rangos establecidos.
Además, señaló que el proceso de contratación se inició y sustanció sin certificación presupuestaria y detectó una presunta adjudicación predeterminada.
Adjudicación pese a una propuesta más baja
León explicó que Gerimex SRL fue adjudicada pese a que otra empresa presentó una propuesta inferior en $us 874.251.
Sin embargo, aclaró que el posible daño económico no se limitaría a la diferencia entre ambas propuestas, debido a que, según la información analizada, el proyecto no estaría funcionando ni generando los resultados esperados.
Caso será remitido al Ministerio Público
El procurador señaló que las irregularidades identificadas podrían adecuarse a tipos penales, por lo que YLB presentará la documentación correspondiente ante el Ministerio Público para que se investiguen los hechos y se establezcan las responsabilidades.
Asimismo, la PGE planteó la adopción de medidas destinadas a garantizar la recuperación de los recursos públicos, entre ellas la anotación de bienes de las personas que sean identificadas como investigadas.