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Los denunciantes exigen investigar a 155 personas y sostienen que la acción busca dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la CIDH sobre el caso.
10/08/2026 22:21
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En el marco de las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), exdirigentes de la Unión Juvenil Cruceña formalizaron una denuncia penal que incluye a aproximadamente 155 personas.
Entre los acusados figuran el exvicepresidente David Choquehuanca, exfuncionarios de gobierno, exfiscales, exjueces y exmagistrados de La Paz que participaron en el caso Hotel Las Américas.
La medida busca sentar en el banquillo de los acusados a los responsables de las ejecuciones, torturas y encarcelamientos arbitrarios ocurridos tras el operativo de 2009.
Los impulsores del proceso son dos de las personas que fueron procesadas durante el gobierno de Evo Morales: el expresidente de la UJC, David Sejas, y el exdirigente unionista Alfredo Saucedo, quienes remarcaron la necesidad de esclarecer lo ocurrido durante casi dos décadas.
"Las personas que estuvieron involucradas injustamente, persiguieron, masacraron, llegan al banquillo de los acusados porque ellos tienen que ahora demostrar su inocencia", afirmó Sejas.
"Nosotros sabemos y vamos a demostrar en estos 20 años de la persecución que tuvimos que esto fue todo montado y ellos tienen que pagar por lo que hicieron", agregó.
Asimismo, señalaron que la apertura de este juzgamiento responde directamente a los mandatos internacionales emitidos tras las investigaciones del organismo interamericano.
"Pasen a juicio también porque es una de las recomendaciones que dio la Corte Interamericana de Derechos Humanos, está en uno de sus puntos. En el informe de fondo de la CIDH decía que el gobierno debería encargarse de hacer esta investigación", indicó Saucedo.
La nómina entregada ante las autoridades señala la comisión de múltiples delitos cometidos de manera directa por la red de implicados. Entre los cargos figuran asesinato, tentativa de homicidio, vejaciones, torturas, privación ilegal de la libertad, amenazas y resoluciones contrarias a la Constitución.
Además, las recomendaciones que emitió la CIDH para que el Estado boliviano cumpliera consistían en: la reparación integral, con compensación económica para los afectados; la rehabilitación física y mental, con el consentimiento de los demandantes; el inicio de procesos penales contra quienes vulneraron los derechos de los demandantes; y, finalmente, la adopción de medidas para evitar que este tipo de situaciones se repitan.
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