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La diputada del PDC sostuvo que, ante la ausencia de Roger Mariaca, la sucesión debe resolverse conforme al orden de prelación y pidió conocer las pruebas y el informe del Gobierno antes de tomar una decisión.
02/10/2026 11:27
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La diputada del PDC Sandra Rivero defendió la designación de Luis Montaño como fiscal general interino y cuestionó que se califique su asunción como una usurpación de funciones sin revisar previamente el marco legal y la documentación correspondiente.
Durante una entrevista, Rivero explicó que la Fiscalía cuenta con mecanismos internos para evitar que la institución quede sin conducción ante la ausencia de su máxima autoridad. En este caso, señaló que, según la información que maneja, el fiscal de Chuquisaca no habría asumido el cargo y que, por orden de prelación, correspondería al fiscal con mayor antigüedad.
La legisladora sostuvo que Montaño cumple con esa condición y señaló que cuenta con aproximadamente 20 años de trayectoria.
“Es que por orden de prelación toma el fiscal más antiguo y en este caso el fiscal Montaño, ahora fiscal interino, es el más antiguo con 20 años de gestión”, afirmó.
Rivero explicó que, una vez asumido el interinato, corresponde remitir a la Asamblea Legislativa la documentación que respalde el procedimiento. Las comisiones de Justicia de ambas cámaras deberán revisar esos documentos y, si encuentran alguna irregularidad, emitir el informe correspondiente.
“Se remite este informe y dice, ‘Bueno, el fiscal Montaño no cumple con los requisitos de la ley 260, remítanse a la misma ley por prelación y elijan’, ¿no? Bueno, así de simple”.
Rivero cuestiona la acusación de usurpación
La diputada también cuestionó la acusación del Gobierno contra Montaño y sostuvo que la interpretación sobre una supuesta usurpación de funciones debe hacerse dentro del marco constitucional y legal.
Rivero afirmó que no corresponde que la designación de una autoridad de la Fiscalía General se realice mediante decreto y defendió la separación de poderes como un principio que debe ser respetado.
“No se debe porque la norma es clara”.
Asimismo, cuestionó que el vocero presidencial interprete la Constitución para sostener que Montaño habría incurrido en usurpación de funciones.
Rivero sostuvo que el debate no debería centrarse en defender o cuestionar a una persona, sino en garantizar la institucionalidad y el cumplimiento de los procedimientos.
“O estás en defensa del estado de derecho y eso implica un estricto cumplimiento a la norma obviando a la persona y protegiendo institucionalidad, que eso es importante o estás del lado de la manipulación política”.
Pide pruebas antes de decidir sobre Mariaca
Respecto a la situación de Roger Mariaca, Rivero sostuvo que la Asamblea debe conocer primero las pruebas que respaldan las acusaciones del Gobierno antes de asumir una determinación.
La legisladora diferenció además el procedimiento que correspondería si las acusaciones están relacionadas con actuaciones de Mariaca cuando ejercía como fiscal departamental y si se refieren a hechos atribuidos a su condición de fiscal general del Estado.
En este último caso, sostuvo que corresponde a la Asamblea asumir el proceso mediante el mecanismo establecido para una autoridad de esa jerarquía.
Rivero insistió en que el ministro de Gobierno debe presentar información y documentación que permita a los legisladores conocer los fundamentos de la investigación y, particularmente, las razones que sustentaron la aprehensión de Mariaca.
La diputada también señaló que las comisiones de Justicia de ambas cámaras tendrán un papel central para revisar tanto la documentación presentada por Luis Montaño para respaldar su interinato como los elementos que presente el Gobierno respecto a las acusaciones contra Mariaca.
Finalmente, Rivero resumió su posición en la necesidad de que las decisiones se adopten dentro de la normativa y no mediante interpretaciones políticas.