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El abogado José Luis Santistevan, uno de los cinco procesados, aseguró que nunca existieron pruebas por las acusaciones de terrorismo y alzamiento armado y cuestionó que el proceso no haya llegado a juicio oral.
04/09/2026 20:51
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El proceso penal iniciado contra cinco líderes cruceños por el paro de 36 días de 2022 quedó extinguido este viernes, después de más de tres años de investigación.
La causa se abrió a raíz de una denuncia presentada el 11 de noviembre de ese año, cuando Santa Cruz llevaba adelante la medida de presión que exigía la realización del Censo de Población y Vivienda.
Entre los procesados estaban el entonces gobernador Luis Fernando Camacho, el expresidente cívico Rómulo Calvo, el rector de la UAGRM Vicente Cuéllar, el vicerrector Reinerio Vargas y el abogado José Luis Santistevan, integrante del Comité Interinstitucional que impulsó la movilización.
Santistevan, uno de los acusados, cuestionó la forma en la que se desarrolló el proceso y sostuvo que las acusaciones no pudieron ser llevadas a un juicio oral debido al paso del tiempo.
“Y en esto mucha gente del Gobierno, principalmente el presidente, utilizaron jueces, fiscales, lo armaron en el caso. Lo que han hecho es un daño irreparable para Santa Cruz”, afirmó.
El abogado recordó que la movilización se originó en la demanda de que el Censo permitiera actualizar la distribución de recursos y la representación política.
En ese sentido, defendió el paro como una movilización vinculada a derechos fundamentales y mencionó entre sus objetivos la distribución de recursos para salud y educación, además de la representación parlamentaria.
“Es decir, son derechos fundamentales y eso era el Censo. Recursos para salud, para educación, representación política, porque habían departamentos con igual, menor población que tiene igual o más diputados”, sostuvo.
Santistevan también cuestionó que el proceso haya incluido acusaciones de terrorismo y alzamiento armado. Afirmó que ninguno de los cinco acusados tuvo que enfrentar un juicio oral en el que las pruebas pudieran ser presentadas y debatidas ante un tribunal.
El paro comenzó el 22 de octubre de 2022 y se extendió durante 36 días, hasta el 26 de noviembre, cuando fue levantado después de que se garantizara mediante una ley la realización del Censo en 2024.
Finalmente, sostuvo que la falta de una definición judicial durante estos años terminó impidiendo que los acusados pudieran defenderse plenamente ante un tribunal.
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