Tras cinco rechazos, Fiscalía admite denuncia por el caso terrorismo y víctimas piden sancionar a los responsables

Después de varios años de insistencia y tras cinco rechazos anteriores, la Fiscalía de Santa Cruz finalmente admitió la denuncia presentada por víctimas del denominado caso terrorismo, quienes buscan que se investigue y sancione a exautoridades gubernamentales, políticos, funcionarios judiciales y otros involucrados en los hechos denunciados.

Alfredo Saucedo, abogado y una de las víctimas, informó que recibió la notificación sobre la admisión de la denuncia, un paso que, según explicó, representa un avance luego de años de acudir al Ministerio Público.

“Nos han notificado con la admisión de la denuncia que nosotros veníamos presentando ya prácticamente desde el 2009, insistiendo ante el Ministerio Público. Eran rechazadas, pero finalmente ya nos han admitido la denuncia”, señaló en contacto con RED UNO.

Para las víctimas, la decisión de la Fiscalía abre una nueva etapa en su búsqueda de justicia. Saucedo calificó la admisión como una “luz de esperanza” y manifestó su expectativa de que el proceso avance con la participación de fiscales e investigadores policiales.

“Para las víctimas significa una luz de esperanza en que vamos a empezar a trabajar en coordinación con la Fiscalía y los investigadores de la Policía para que de una vez el Estado boliviano haga justicia respecto a este caso”, afirmó.

¿A quiénes apunta la denuncia?

De acuerdo con Saucedo, la denuncia alcanza a exautoridades del Gobierno de Evo Morales y a otras personas que, según los denunciantes, tuvieron algún grado de participación en los hechos investigados.

Mencionó al expresidente Evo Morales, al exvicepresidente Álvaro García Linera, además de integrantes de la entonces cúpula ministerial, policías, militares y diputados que formaron parte de una comisión multipartidaria.

La denuncia busca establecer responsabilidades individuales por los hechos que las víctimas atribuyen a la actuación de autoridades estatales durante el denominado caso terrorismo.

Piden investigar las muertes y la persecución

Uno de los principales objetivos de los denunciantes es que se investiguen las circunstancias que rodearon las muertes extrajudiciales y la persecución que, según sostienen, afectó a cívicos, empresarios y civiles.

Saucedo sostuvo que el objetivo central es que los responsables sean sometidos a la justicia y reciban las sanciones que correspondan conforme a la legislación nacional y al derecho internacional.

“Lo que se busca es que se haga justicia”, afirmó.

El abogado también hizo referencia al pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso y señaló que, desde la perspectiva de las víctimas, corresponde dar cumplimiento a lo establecido en el informe de fondo.

“Buscamos nosotros que se sancione a los responsables con la pena que corresponde a las leyes bolivianas y también a las leyes internacionales”, sostuvo.

Un proceso que se retoma después de años

La admisión de la denuncia marca un nuevo escenario para las víctimas, que aseguran haber acudido al Ministerio Público en reiteradas oportunidades desde 2009 sin lograr que sus denuncias prosperaran.

Ahora esperan que la investigación permita identificar responsabilidades, esclarecer los hechos denunciados y determinar, conforme avance el proceso, si existen elementos suficientes para establecer responsabilidades penales.

Para las víctimas, el desafío será que esta nueva actuación fiscal no quede nuevamente paralizada y que la investigación avance hasta establecer la verdad de lo ocurrido y, eventualmente, determinar las sanciones correspondientes.