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William Herrera advierte que podría venir una nueva lista de EE.UU.: “Viene una ola mucho más grande”

El exfiscal y abogado constitucionalista William Herrera señaló que las decisiones adoptadas por Washington deben motivar una respuesta más firme de las autoridades bolivianas, especialmente de las instituciones responsables de investigar y sancionar posibles delitos.

Herrera cuestiona la falta de acciones judiciales tras las restricciones de visas. FOTO: RED UNO/z101digital. Montaje CHMF.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

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El exfiscal y abogado constitucionalista William Herrera advirtió que las recientes restricciones de visas impuestas por Estados Unidos a otros 15 ciudadanos bolivianos podrían ser parte de un escenario de mayores repercusiones para el país. En su análisis, sostuvo que existe la posibilidad de nuevas listas y cuestionó la falta de acciones concretas del Estado frente a las denuncias relacionadas con presuntos vínculos con el narcotráfico y hechos de corrupción.

“Se rumorea ya que viene otra lista más”, afirmó Herrera, al considerar que las restricciones conocidas hasta el momento podrían no representar la dimensión total del problema. “Yo creo que todavía no ha llegado la ola grande, viene una ola mucho más grande”, agregó durante una entrevista con el programa El Mañanero.

El abogado señaló que las decisiones adoptadas por Washington deben motivar una respuesta más firme de las autoridades bolivianas, especialmente de las instituciones responsables de investigar y sancionar posibles delitos. A su juicio, el país no puede limitarse a reaccionar ante las decisiones de Estados Unidos, sino que debe activar mecanismos propios para esclarecer las denuncias.

“Hasta acá solamente ha habido reacciones, pero no acciones”, cuestionó, al reclamar mayor compromiso del Gobierno y del conjunto de las instituciones estatales en la lucha contra el crimen organizado.

Herrera también sostuvo que las restricciones migratorias estadounidenses no constituyen una condena penal y que las personas señaladas deben ser investigadas conforme a los procedimientos legales correspondientes. Sin embargo, consideró que la decisión de Washington debería impulsar al Ministerio Público a examinar los posibles hechos denunciados.

“Sí, yo creo que la decisión es administrativa, no es una condena, hay que aclarar”, manifestó. En ese sentido, insistió en que corresponde abrir investigaciones para determinar si existen elementos que confirmen o desvirtúen las denuncias.

El exfiscal cuestionó, además, que se soliciten pruebas a Estados Unidos cuando, según su interpretación, los hechos que eventualmente podrían constituir delitos habrían ocurrido en Bolivia. “Las pruebas están en Bolivia, los hechos han sucedido en Bolivia”, remarcó, al señalar que las autoridades nacionales pueden revisar expedientes, resoluciones y otros antecedentes para establecer posibles responsabilidades.

Una reforma institucional pendiente

Más allá de las investigaciones individuales, Herrera consideró que el escenario actual vuelve a poner en evidencia las debilidades estructurales del sistema judicial y de otras instituciones encargadas de combatir el crimen organizado. En su criterio, los cambios realizados hasta ahora son insuficientes para enfrentar un problema que, según afirmó, involucra a distintas áreas del Estado.

“Lo ideal es hacer una gran reforma, una gran transformación al interior de todo el Estado”, sostuvo. Durante la entrevista, mencionó al Ministerio Público, al Poder Judicial, a la Policía y a las Fuerzas Armadas entre las instituciones que, a su juicio, necesitan fortalecerse y someterse a procesos de transformación.

El abogado también cuestionó la continuidad de estructuras institucionales que, según su análisis, no habrían cambiado sustancialmente durante los últimos años. Por ello, planteó la necesidad de una reforma integral que incluya presupuesto, tecnología, capacitación, evaluaciones y mecanismos de depuración para apartar a funcionarios que tengan responsabilidades debidamente establecidas.

En el caso específico del Ministerio Público, propuso considerar la creación de una Vicefiscalía General y revisar los mecanismos de designación de los fiscales departamentales, con el objetivo de fortalecer la gestión y la autonomía institucional.

Herrera advirtió que las consecuencias de esta situación no se limitan al ámbito judicial, sino que también pueden repercutir en la percepción internacional del país. “Está en juego la imagen de Bolivia en el exterior”, afirmó, al relacionar la debilidad de las instituciones con la confianza que Bolivia puede generar entre potenciales inversores.

Finalmente, el exfiscal insistió en que las autoridades deben asumir una decisión política firme para impulsar los cambios pendientes. Para Herrera, las restricciones de visas representan una señal que el Estado boliviano no debería ignorar, aunque recalcó que corresponde a las instancias nacionales investigar los hechos y establecer, con pruebas y respeto al debido proceso, si existen responsabilidades individuales.


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