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"No habían garantías": García detalla irregularidades en millonarios contratos de biodiésel

El Gobierno boliviano presentó dos denuncias ante el Ministerio Público contra 14 personas por un presunto daño económico superior a los Bs 870 millones vinculado a contratos irregulares.

Viceministro de Transparencia, Yamil García
La Paz, Bolivia

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El viceministro de Transparencia, Yamil García, informó que se presentaron dos denuncias ante el Ministerio Público por presuntos hechos de corrupción relacionados con contratos de YPFB Refinación que habrían ocasionado un perjuicio económico de al menos Bs 871 millones al Estado.

Según García, las denuncias involucran a 14 personas, entre exautoridades, funcionarios y representantes de la empresa. Los delitos denunciados son contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contratos y conducta antieconómica.

El viceministro explicó que el caso se originó con la adquisición de aceite de soya destinado a la producción de biodiésel. Señaló que YPFB Refinación dispuso de Bs 1.057 millones mediante dos contratos, pero la empresa habría cumplido únicamente con cerca del 20% de la producción comprometida.

“Lo que debe ocurrir es o devuelve los 800 millones o le debería ejecutar la garantía. Y resulta que haciendo la verificación, no habían garantías”, sostuvo.

Según detalló, el 2 de abril de 2024 el directorio de YPFB aprobó modificaciones al reglamento para eximir a los proveedores de aceite de soya de presentar garantías, además de autorizar un mayor presupuesto y el inicio del proceso de contratación.

“Se ha visto un esquema institucional que ha generado un perjuicio gravísimo en contra de la institución y también en contra de todos los bolivianos”, afirmó el viceministro.

El proceso de contratación, según García, avanzó en cuestión de días: la adjudicación fue comunicada el 5 de abril, el contrato se firmó el 8 y los desembolsos comenzaron al día siguiente. 

El funcionario también observó que como respaldo se ofrecieron dos terrenos, pese a que las garantías contractuales normalmente se constituyen mediante boletas o pólizas.

A los Bs 871 millones presuntamente afectados se suman, según García, los aproximadamente Bs 400 millones destinados a la construcción de la primera planta de biodiésel, que no habría llegado a operar a plena capacidad.

Respecto a los implicados, el viceministro informó que cuatro exfuncionarios ya fueron cautelados: uno cumple detención preventiva y los otros tres tienen medidas sustitutivas. García señaló que el Estado también busca recuperar los recursos mediante medidas cautelares reales.

“Nosotros también debemos buscar el resarcimiento a favor del Estado”, sostuvo.

García añadió que, en menos de 20 días, el Viceministerio de Transparencia recibió cerca de 60 denuncias relacionadas con el sector de hidrocarburos, de las cuales aproximadamente el 60% corresponde a YPFB y el 40% a la ANH. 

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