Transporte reporta Bs 40 millones en pérdidas y anuncia demanda penal para dirigentes

El sector del transporte pesado internacional atraviesa una crisis debido a los 63 puntos de bloqueo que asfixian las principales rutas del país. Marcelo Cruz, dirigente del sector, reportó que las pérdidas ascienden a Bs. 40 millones solamente en multas por el retraso en la devolución de contenedores a los puertos del Pacífico.

Impacto económico y asfixia logística

De acuerdo a Cruz, cada contenedor varado genera una sanción diaria que oscila entre Bs. 1.500 y Bs. 2.000, afectando a más de 2.000 unidades en territorio nacional. Asimismo, denunció que, a pesar de existir decretos que deberían eximir estos pagos durante conflictos, las navieras continúan ejecutando los cobros.

En cuanto a los camiones con cadena de frío, indicó que la situación es crítica porque transportan alimentos perecederos hacia mercados como La Paz, Chile o Perú. "Como no hay diésel y se necesita esto para mantener la temperatura, la cadena de frío se rompe y la mercadería es rechazada, provocando una pérdida tremenda", lamentó el dirigente.

Drama humanitario en las fronteras

En la zona de Desaguadero, cerca de 700 conductores permanecen “secuestrados por los bloqueos” desde hace nueve días sin acceso a servicios básicos. Según Cruz, se les ha prohibido comprar alimentos y muchos sufren de enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión sin recibir atención médica.

"Los Ponchos Rojos han saqueado, amenazado y agredido; nadie habla de los conductores que están botados a su suerte", enfatizó el dirigente con indignación. Asimismo, indicó que mañana partirá una caravana solidaria desde La Paz para intentar suministrar pan, agua y medicamentos a los choferes que duermen en sus cabinas que ya han reportado actos vandálicos.

Acciones legales por sedición y daños

Ante la gravedad de los hechos, el sector transporte prepara una demanda penal formal contra los dirigentes de la COB, la CSUTCB y otros sectores movilizados. Cruz calificó las medidas de presión como actos de "conspiración y sedición" que buscan extorsionar al Estado tras haber perdido cuotas de poder político.

“¿Cuántos más tienen que fallecer para que haya una reacción de la Fiscalía?”, cuestionó el dirigente tras confirmarse la muerte de una persona en medio del conflicto.

El sector no descarta también demandar al Estado ante instancias internacionales si las instituciones judiciales bolivianas no garantizan el derecho a la vida y la libre transitabilidad.

Finalmente, el gremio criticó la disparidad económica entre quienes producen y quienes bloquean, señalando que los dirigentes movilizados perciben sueldos públicos de hasta Bs. 50 mil. Cruz concluyó advirtiendo que, sin un cambio estructural que proteja al sector productivo, la economía y el turismo boliviano, continuarán en una situación crítica.