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Para el economista Ruddy Sanguino, la normativa representa un paso acertado para frenar el “desangramiento financiero” que provocan las empresas estatales deficitarias.
25/09/2026 17:20
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La promulgación del Decreto Supremo 5727, que declara como prioridad la reorganización, disolución y liquidación de las empresas públicas del nivel central, continúa generando reacciones en el ámbito económico. Diversos analistas coinciden en que la medida apunta a corregir distorsiones estructurales en el sector público, permitiendo un uso más eficiente de los recursos fiscales.
En esa línea, el economista Ruddy Sanguino calificó la medida como un acierto institucional y técnico, al considerar que ataca directamente el déficit fiscal generado por el sostenimiento de corporaciones públicas deficitarias.
"Es un decreto que va en la línea de poder cortar ese desangramiento financiero que tiene el Estado a través de estas empresas que se crearon, que la mayoría de las empresas tienen problemas financieros; eso quiere decir que no tienen los ingresos necesarios para cubrir sus gastos, sus egresos", sostuvo Sanguino en su análisis.
Un alivio ante el gasto ineficiente
El especialista enfatizó que la normativa gubernamental cumple un rol fundamental de recorte del gasto corriente deficitario mediante la disolución o reestructuración de aquellas compañías que no demostraron sostenibilidad. Asimismo, destacó que los montos involucrados en mantener este aparato empresarial son considerables y representan una carga pesada para las finanzas públicas.
"Esos recursos que se destinaban a estas empresas podrían destinarse para otros proyectos y focalizar de la mejor manera para tener un uso eficiente y eficaz para resolver problemas que tiene actualmente la sociedad. Entonces, yo creo que es una medida correcta. Eso significa un monto significativo, un monto muy fuerte que se está dejando de gastar, ni siquiera es ahorro", puntualizó el economista.
Para Sanguino, la economía nacional atraviesa un momento de fragilidad que requiere ajustes profundos y una revisión del tamaño del aparato administrativo. En su criterio, el Estado mantiene dimensiones desproporcionadas en relación con la capacidad real de la economía boliviana.
"Todavía el Estado está con una característica hipertrófica, quiere decir, muy grande con respecto a una economía pequeña y una economía muy frágil que tenemos. Así que hay que recortar gastos que no están siendo destinados de forma correcta y de forma eficiente para resolver problemas que hoy está enfrentando la sociedad", concluyó.