Diputado Rojas pide aprobar con prioridad el reformulado del PGE 2026

El diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Manolo Rojas, respaldó el Presupuesto General del Estado (PGE) Reformulado 2026 y afirmó que el documento corrige distorsiones del anterior presupuesto, al que calificó de “inflado” y alejado de la realidad económica.

“El anterior presupuesto tenía por lo menos 15.000 millones de bolivianos inflados, generando un espejismo, no una realidad”, sostuvo.

Tratamiento en la Asamblea

El legislador adelantó que el PGE reformulado será tratado con prioridad en la Asamblea Legislativa y no descartó ajustes durante el debate.

“Vamos a analizar el documento y generar observaciones, pero lo importante es avanzar de manera rápida”, afirmó.

Sinceramiento económico

Rojas señaló que la nueva propuesta busca “aterrizar en una realidad económica”, priorizando sectores como salud y educación, además de transparentar el manejo de los recursos públicos mediante herramientas digitales.

El legislador también valoró la implementación de la plataforma de datos abiertos, que permite acceder en tiempo real a la ejecución presupuestaria.

“Hoy podemos ingresar y ver cómo se manejan los recursos del Estado, eso es importante para la transparencia”, indicó.

Empresas públicas en la mira

Uno de los puntos centrales, según el diputado, es la evaluación de empresas estatales. En ese sentido, respaldó la posibilidad de cierre de aquellas que no sean sostenibles.

“La que rinde frutos sigue adelante, pero la que es deficitaria se liquida, se cierra. Tan sencillo como eso”, afirmó.

Además, indicó que este proceso deberá concretarse en un plazo de 90 días, en el marco de la normativa que acompañará al nuevo presupuesto.

Recorte y eficiencia

Rojas también se refirió a la reducción del gasto público y señaló que no solo apunta a empresas deficitarias, sino también a cargos innecesarios dentro del aparato estatal.

“Hay cargos que no tienen una razón de ser, que fueron creados por cuotas políticas”, cuestionó.

En esa línea, destacó que el Ejecutivo plantea que las contrataciones se realicen mediante procesos públicos, priorizando a profesionales capacitados.

Finalmente, consideró que el tratamiento deberá darse en un marco de diálogo y consenso entre fuerzas políticas, aunque anticipó un debate técnico sobre empresas públicas y la estructura del gasto estatal.