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El economista Fernando Romero destaca que la propuesta ofrece mayor seguridad jurídica, incentivos de hasta 20 años, menos burocracia y apertura a sectores como tecnología, energía solar e inteligencia artificial. Sin embargo, advierte que la ley por sí sola no resolverá la escasez de dólares, el déficit fiscal ni la incertidumbre económica.
12/08/2026 11:59
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El economista Fernando Romero analizó el proyecto de Ley de Inversiones presentado por el Gobierno boliviano y destacó que la propuesta plantea un nuevo régimen para atraer, promover, proteger y facilitar la inversión nacional y extranjera.
Mencionó que el proyecto busca superar un esquema considerado restrictivo y generar mayores condiciones de previsibilidad para impulsar la diversificación productiva, la industrialización, la innovación, la competitividad y la creación de empleo.
Libre empresa y nueva institucionalidad
Entre los principales componentes de la iniciativa, Romero destaca el reconocimiento de la libre empresa, la iniciativa privada, la libre competencia y las libertades de inversión y comercio.
El proyecto también plantea crear una Autoridad Nacional de Inversiones, encargada de coordinar las políticas en esta materia, y la agencia Pro-Inversión y Desarrollo de Bolivia que tendría como objetivo promover al país como destino de capitales en el exterior.
A esto se suma una Ventanilla Única Digital, destinada a centralizar trámites para la constitución de empresas, registros, licencias, permisos y procedimientos tributarios, aduaneros, migratorios y municipales.
Incentivos de hasta 20 años
Romero señala que la propuesta contempla incentivos que podrían extenderse hasta por 20 años, incluyendo reducciones o exenciones tributarias y arancelarias, depreciación acelerada, facilidades aduaneras y acceso a zonas económicas especiales.
El proyecto también prevé la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas nacionales como proveedoras de los proyectos de inversión.
Para los capitales extranjeros, la propuesta reconoce la posibilidad de transferir dividendos, utilidades y ganancias, previo cumplimiento de las obligaciones legales. También contempla la conversión de moneda nacional a divisas y el acceso a arbitraje internacional en controversias entre inversionistas y el Estado, bajo tratados ratificados.
Buscan diversificar las inversiones
Uno de los cambios destacados por Romero es la ampliación de los sectores considerados atractivos para la inversión.
Además de hidrocarburos y minería, el proyecto contempla áreas como logística, economía digital, inteligencia artificial, innovación, hidrógeno y energía solar.
A criterio del economista, esta diversificación podría permitir que Bolivia amplíe su matriz productiva y reduzca su dependencia de sectores tradicionales.
Bolivia aún tiene dificultades para atraer capital
Pese a las ventajas planteadas, Romero advierte que Bolivia enfrenta importantes obstáculos para captar Inversión Extranjera Directa (IED).
Según los datos de la Cepal citados por el economista, el país recibió USD 620 millones de IED en 2025, equivalente al 0,32% de los USD 194.233 millones captados por América Latina y el Caribe.
El escenario se complica por la escasez de divisas, las limitadas reservas internacionales, la incertidumbre cambiaria, el déficit fiscal, la recesión y la conflictividad social.
Asimismo, Romero señala que las Reservas Internacionales Netas (RIN) alcanzan los USD 3.632 millones, pero solo USD 472 millones corresponderían a divisas líquidas, mientras aproximadamente el 85% estaría compuesto por oro.
Seguridad jurídica, una de las fortalezas
Entre los aspectos positivos, el economista destaca que la propuesta prioriza la seguridad jurídica, la previsibilidad, el debido proceso y la protección de la propiedad, elementos que pueden contribuir a reducir el riesgo percibido por los inversionistas.
También considera favorable la digitalización de trámites, porque podría reducir costos, tiempos y espacios de discrecionalidad administrativa.
Una ley no basta para resolver la crisis
Romero advierte que la aprobación de la norma no resolverá por sí sola problemas como el déficit fiscal, la inflación o la escasez de dólares.
También cuestiona el posible costo fiscal de los incentivos si estos no están vinculados a resultados concretos. En su criterio, los beneficios deberían condicionarse a metas de generación de empleo formal, transferencia tecnológica y creación de nuevas divisas.
Otro desafío será garantizar en la práctica las disposiciones relacionadas con la conversión y transferencia de divisas, especialmente mientras persista la falta de dólares en el mercado.
¿Cuánto podría aumentar la inversión?
El economista plantea que, si la nueva ley es acompañada por estabilidad macroeconómica, consolidación fiscal y fortalecimiento institucional, Bolivia podría elevar su IED hasta entre USD 1.000 y 1.500 millones anuales en un periodo de dos a tres años.
Sin reformas complementarias, en cambio, advierte que los flujos podrían estancarse o incluso caer por debajo de los niveles registrados en 2025.
Cinco medidas para que la ley funcione
Romero plantea acompañar la norma con cinco acciones principales: un Pacto de Estabilidad Macroeconómica para ordenar las cuentas públicas y fortalecer las reservas líquidas; incentivos condicionados a resultados; una reforma regulatoria para reducir trámites; una estrategia activa de promoción internacional; y mayores garantías de seguridad institucional y social.
El análisis concluye que la Ley de Inversiones puede mejorar las condiciones para atraer capital, pero su éxito dependerá de que Bolivia logre combinar seguridad jurídica y facilidades para invertir con estabilidad económica, disponibilidad de divisas y reglas institucionales confiables.
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