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El diésel pasó a Bs 17,95 por litro y quedó vinculado al costo internacional.
19/09/2026 17:11
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Desde este sábado, el diésel tiene un precio inicial regulado de Bs 17,95 por litro, frente a los Bs 9,80 que pagaban anteriormente los consumidores que todavía tenían acceso al combustible subvencionado.
El cambio forma parte del programa económico del Gobierno de Rodrigo Paz y coincide con la aprobación legislativa del acuerdo de financiamiento por $us 1.900 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La postura gubernamental fue sintetizada días atrás por el presidente Rodrigo Paz, quien planteó el dilema central de la política económica.
"¿Es subvención o futuro? Ese es el debate. Cada dólar que paga algo que no es sostenible es plata que ni siquiera se queda en Bolivia. Se la lleva unos cuantos pillos que nos contrabandean. La subvención nos está matando", afirmó el primer mandatario.
Un consenso forzoso: "Un país no puede vivir de subsidios"
Analistas y representantes institucionales han calificado la medida como un paso inevitable ante el deterioro de las arcas públicas. Para el economista Gonzalo Chávez, la insostenibilidad es técnica y fiscal: "No podemos seguir manteniendo las subvenciones porque este es un Estado quebrado", advirtió, señalando además que el reajuste energético apenas comienza y que "el próximo problema va a ser la luz".
En la misma línea, el exministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos, calificó las subvenciones de largo plazo como "perversas", remarcando que el país atraviesa hoy la "cruda realidad" de esa distorsión. Desde Adepor enfatizaron que el esquema subsidiado terminó por empobrecer al aparato productivo: "Sabemos perfectamente que un país no puede vivir así. La subvención trae pobreza (...); si se tiene que levantar, no queda de otra".
Por su parte, Neptaly Mendoza, presidente de la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz), reconoció la preocupación generalizada pero subrayó la ineficacia de las medidas intermedias: "Es una norma que no funcionó, no se resolvió el tema, sigue la escasez, hay especulación y ha crecido la corrupción en la cadena de distribución".
Cuestionamientos a las diferencias tarifarias y la escalada de Decretos
El proceso de sinceramiento tarifario ha tenido varios hitos en los últimos dos meses:
17 de agosto de 2026 (Decreto Supremo 5676): El Ejecutivo eliminó la subvención para los Grandes Consumidores (GRACO) —sectores agropecuario, minero y constructor— elevando el precio del diésel de Bs 9,80 a Bs 18 por litro (un incremento del 84%), mientras congelaba la tarifa para transportistas y particulares. La medida generó fricción. Desde la Fundación Proinpa cuestionaron el sesgo de la norma: "A unos les da la subvención y a otros no, no es la forma".
1 de septiembre de 2026: Luego de bloqueos y protestas del sector productivo, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) aplicó un mecanismo de precio variable ajustado al mercado internacional, reduciendo el costo referencial para este sector a Bs 16,50.
Dirigentes como Juan Yujra, referente del transporte pesado de Santa Cruz, demandan sinceridad y consensos en el margen de precios. "El Gobierno tiene que decir la verdad y manifestarse: ¿hasta cuánto se puede levantar la subvención? En otros países no vale 18 bolivianos, se está ventilando entre 14, 15 y 16 bolivianos. Esto tiene que consensuarse con todos los sectores", aseveró.
Desburocratización y compensación: Las exigencias de los sectores
Para mitigar el desabastecimiento que aún persiste en las estaciones de servicio, los gremios productivos y el sector del comercio proponen aperturar las importaciones a los actores privados sin trabas administrativas.
"Señor presidente, utilice esos recursos económicos para ayudar a que los privados importen y asegurar que el Estado garantice el almacenamiento para los combustibles que vayan llegando hasta abastecer el mercado", demandó Agustín Zambrana, vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz.
A su vez, representantes del sector gremial coincidieron en que se debe eximir de impuestos la importación privada de gasolina y diésel para mantener precios accesibles, solicitando al Ejecutivo aplicar esquemas de compensación social o tributaria para que la eliminación del subsidio no desencadene un proceso inflacionario que afecte los ingresos de la población.