Lima - Perú
La opositora Keiko Fujimori regresará a prisión en Perú por 15 meses tras haber recuperado su libertad en noviembre, mientras la investigan por presunto lavado de activos por el caso Odebrecht y recibir aportes ilegales de la brasileña Odebrecht, dijo el martes un juez.
La vuelta a prisión de Fujimori es otro revés para su partido de derecha Fuerza Popular, que sufrió un duro golpe en las elecciones legislativas del domingo al obtener poco más de 10 asientos en el nuevo Parlamento, luego de haber dominado ampliamente el Congreso que fue disuelto en septiembre pasado.
Mientras el magistrado leía su fallo, Keiko Fujimori estaba representada por su abogada, Giulliana Loza. La excandidata presidencial había adelantado por la mañana que escucharía la audiencia junto con su familia, en la casa de su madre, Susana Higuchi. Además, aseguró que cumpliría con “lo que corresponda”.
El juez consideró que en el caso de Keiko Fujimori la medida de prisión preventiva es idónea, necesaria y proporcional.
Keiko, quien vestía una blusa negra, abrazó y besó a su marido antes de entrar a la sala de audiencia, fue detenida de inmediato por la policía para ser conducida a la cárcel de mujeres de Chorrillos, en el sur de Lima.
"Si ustedes están viendo este video es porque el juez Víctor Zúñiga decidió injustamente enviarme a la cárcel nuevamente (...). Esto no es justicia, esto es ajusticiamiento", declaró Keiko en un video divulgado en las redes sociales minutos después de que fuera detenida.
Su abogada, Giulliana Loza, anunció que apelará la medida, mientras que la fiscalía se declaró conforme con el fallo, a pesar de que había solicitado 18 meses de prisión preventiva, afirmando que había riesgo de que huyera del país.
Keiko, de 44 años, es investigada en el marco del escándalo de presuntos pagos ilegales a políticos por parte de la constructora brasileña Odebrecht, que salpica también a cuatro expresidentes peruanos, uno de los cuales, Alan García, se suicidó.
La primogénita del encarcelado expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) previamente estuvo 13 meses en prisión preventiva hasta que fue liberada en noviembre por un fallo del Tribunal Constitucional, pero la fiscalía presentó nuevos cargos y pidió que vuelva a prisión.
La fiscalía asegura que la dirigente recibió aportes ilegales de Odebrecht y de otras fuentes para financiar sus campañas electorales de 2011 y 2016, en las que acarició la presidencia de Perú.
A la acusación inicial de lavado de activos, la fiscalía sumó las de obstrucción a la justicia, asociación ilícita, falsedad genérica, fraude procesal y organización criminal.