Ampliación del estado de excepción abre debate entre legisladores

La ampliación por otros 90 días del estado de excepción llegará a la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde ya existen posiciones divididas sobre su aprobación. Mientras el senador del PDC, Víctor Quispe, considera necesaria la continuidad de la medida, desde la Alianza Libre, la diputada Lissa Claros exige primero un informe sobre los resultados de los primeros 90 días.

Solicitan informe de resultados 

Claros sostuvo que antes de tomar una decisión el Gobierno debe explicar ante la Asamblea dónde funcionó el estado de excepción, qué mecanismos se aplicaron, cuánto presupuesto se utilizó y qué problemas fueron solucionados.

“Lo más responsable en este momento es que nos vengan a rendir un informe a la Asamblea”, afirmó la legisladora, quien cuestionó que se pretenda ampliar una medida excepcional únicamente por anuncios de posibles movilizaciones.

Claros pidió además que se presenten informes de inteligencia que permitan establecer si existen sectores que efectivamente preparan medidas de presión y si hay investigaciones sobre los actores que estarían detrás de eventuales acciones de desestabilización.

En cambio, el senador Víctor Quispe anticipó su respaldo a la ampliación, argumentando que la población necesita tranquilidad y que los 90 días anteriores permitieron mantener una relativa estabilidad, especialmente después de los 53 días de bloqueos que, según señaló, provocaron pérdidas económicas y afectaron la actividad productiva.

Quispe sostuvo que los ministros deben acudir a la Asamblea para explicar las razones por las que solicitan otros 90 días, pero insistió en que la medida es necesaria para evitar que se repitan escenarios de bloqueo, violencia y pérdidas económicas.

¿Vigencia automática?

Uno de los principales puntos de debate será precisamente el procedimiento para la entrada en vigencia de la ampliación. Desde el Gobierno se planteó que, si la Asamblea no se pronuncia en un plazo de 72 horas, el estado de excepción podría entrar en vigencia mediante decreto supremo.

Sin embargo, Claros rechazó esta interpretación y sostuvo que la Constitución establece que la Asamblea debe tratar, aprobar o rechazar la medida.

“Un estado de excepción no puede entrar en vigencia a través de un decreto supremo o si no se trata de la Asamblea se da por hecho que entra en vigencia”, afirmó.

La legisladora también advirtió que mantener indefinidamente un estado de excepción no solucionará los problemas que generan las protestas y señaló que sectores como mineros y transportistas todavía tienen demandas estructurales pendientes.

En ese sentido, planteó que el Gobierno priorice el diálogo y la solución de problemas como la falta de combustible y el incremento del costo de vida, antes que recurrir nuevamente a una medida excepcional.

El debate quedará ahora en manos de la Asamblea Legislativa, donde los legisladores deberán analizar los argumentos del Ejecutivo y definir si corresponde ampliar por otros 90 días el estado de excepción.