Canciller señala que "economías ilícitas" estarían financiando movilizaciones en Bolivia

El canciller del Estado, Fernando Aramayo, vinculó las movilizaciones y bloqueos registrados en el país con presunto financiamiento proveniente del crimen organizado y de economías ilícitas, durante la presentación del informe “Democracia y Desarrollo 2026” del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

La autoridad aseguró que el Gobierno identificó “montos inimaginables” de recursos destinados a sostener las protestas y afirmó que detrás de las movilizaciones existe un interés de preservar estructuras ilegales y desestabilizar al Ejecutivo.

“Movilizar en sesenta o setenta buses grupos de cinco mil o siete mil personas, entregar alimentos, pagos, alcohol y dinamita no es gratuito”, afirmó Aramayo durante su intervención en Palacio Quemado.

El canciller sostuvo que Bolivia enfrenta una “presión democrática real” y señaló que el crimen organizado no solo opera en el ámbito de la seguridad, sino que busca influir en las estructuras políticas e institucionales del país.

“El crimen organizado es internacional, transnacional y no tiene fronteras”, manifestó, al tiempo de advertir sobre una “gobernanza criminalizada” que, según dijo, intenta aprovechar la conflictividad social para proteger intereses ilegales.

Aramayo también defendió la postura del Gobierno frente a las protestas y afirmó que el Ejecutivo no criminaliza la movilización social, aunque rechazó acciones que, a su juicio, buscan paralizar el país y desconocer el mandato democrático.

“Bolivia defiende el derecho a la protesta, pero tampoco aceptamos que bajo el nombre de protesta se paralice el país o se afecten derechos de terceros”, sostuvo.

Durante su discurso, la autoridad atribuyó parte de la conflictividad actual a un proceso de “desinstitucionalización” acumulado en los últimos 20 años y acusó al Movimiento Al Socialismo (MAS) de haber utilizado la presión social como mecanismo de poder.

Asimismo, señaló que el país atraviesa el inicio de “un nuevo ciclo político” y aseguró que el Gobierno priorizará el diálogo antes que la represión para enfrentar la crisis.