Caso Huayllani: dictan detención preventiva para dos militares y domiciliaria para otros dos

El viernes se desarrolló la audiencia de medidas cautelares de cuatro militares acusados por los conflictos del 15 de noviembre de 2019 en la zona de Huayllani, en Cochabamba. Fuerzas Armadas, Policía y productores de hoja de coca del Trópico de Cochabamba principalmente se enfrentaron. Como resultado 12 personas fallecieron y, al menos, 125 resultaron heridas.

Guerra fue jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas (FFAA), posesionado por la entonces presidenta Jeanine Añez en 2019; Luis Inchauste era comandante del Ejército. Bravo era inspector general de las Fuerzas Armadas y Mejía era comandante de la Armada.

“Se ha otorgado la detención preventiva de dos imputados por el plazo de cuatro meses, a dos imputados se les ha otorgado detención domiciliaria y la fianza económica de 150.000 (bolivianos)”, indicó el fiscal a cargo. En la audiencia cautelar, el Ministerio Público demostró con “pruebas objetivas” la probabilidad de autoría y los riesgos procesales de fuga y obstaculización en la investigación, por lo que se solicitó la detención preventiva de los cuatro imputados; sin embargo, dos de ellos alegaron tener problemas de salud, informó la agencia ABI.

Sin embargo, el almirante Aldo Bravo tiene detención preventiva en la cárcel de Mocoví, Beni, por el caso Senkata, y tendrá que volver para ser recluido.

“A mi defendido, Pablo Guerra, le dieron cuatro meses de detención preventiva, obviamente nosotros vamos a apelar, dijo Giomar Ávila. informó el periódico Los Tiempos.

La audiencia se desarrolló en el El Juzgado Primero de Instrucción Penal de Sacaba. Al concluir la misma, los abogados de los acusados por genocidio, asesinato y tentativa de asesinato, anunciaron que apelarán la determinación de la justicia. 

En tanto, el abogado del almirante Bravo, Sergio Sanjinés, señaló: “Con relación a Mejía y a mi cliente Aldo Bravo, se ha determinado detención domiciliaria y fianza, este proceso da para largo, pero el juez ha obrado bien. Todos hemos apelado esta decisión del juez y esperaremos el resultado de esta apelación”.

Los abogados de los militares señalaron que existen vulneraciones a los derechos humanos de los oficiales, entre ellos señalaron que no se está garantizando el debido proceso, no se cumplen los tiempos procesales y se está atentando contra la salud de los imputados.

Las víctimas de Sacaba llegaron hasta el edificio judicial exigiendo justicia.

De acuerdo con el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), en Sacaba existió vulneración a los derechos humanos, una masacre con armas letales utilizadas por las fuerzas de seguridad y ejecuciones sumarias. Sin embargo, la imputación por genocidio viola las recomendaciones hechas por los especialistas, que al momento de dar su informe aseguraron que no existen indicios de ese delito.

Durante la investigación del caso Huayllani, se reveló que los vehículos de los militares fueron atacados con armas de fuego.

Las declaraciones de las supuestas víctimas también revelan varias contradicciones, sobre las supuestas heridas que sufrieron en ese momento y las razones por las cuales salieron a marchar. Varios de los detenidos fueron hallados con dinamita y dinero, según los primeros actos de investigación.

En La Paz, otro grupo de oficiales está detenido por los hechos violentos de Senkata, en la ciudad de El Alto, donde fallecieron 10 personas y otras más resultaron heridas.