La Fiscalía especializada en narcotráfico solicita seis meses de detención preventiva en San Pedro y Patacamaya para las cuatro autoridades e implicados, acusados de articular una red de protección al narcotraficante Sebastián Marset.
02/10/2026 17:08
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La investigación penal inició el 1 de octubre de 2026, luego de que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) detectara la difusión de un material audiovisual en redes sociales (Facebook y TikTok). En dicho video, el narcotraficante Sebastián Marset hizo alusiones directas a contactos de protección bajo los nombres de “Mariaca” y “Aparicio”.
A partir de estas revelaciones, los organismos de inteligencia CEIP y GICE desplegaron operativos inmediatos que derivaron en la captura de cuatro personas clave:
Red de protección estatal y pagos de $us 500.000 mensuales
Según la Resolución de Imputación Formal (CUD: 201102062600155), presentada por los fiscales de materia Daniel Portales Barja y Edwin Sarmiento Valdivia, la estructura criminal operaba dando cobertura y protección institucional a Marset entre las gestiones 2023 y 2026.
Los informes de inteligencia e investigaciones financieras indican que el narcotraficante habría pagado sumas de hasta $us 500.000 mensuales a modo de "alquiler de protección". Esta red de favorecimiento habría permitido alertar oportunamente a Marset sobre los operativos policiales —lo que causó el fallido intento de captura del 29 de julio de 2023— y facilitar el libre almacenamiento, ingreso y salida de sustancias controladas del país.
Asimismo, la imputación fundamenta que Mariaca habría designado de forma arbitraria e irregular a Martín Irusta Flores como Fiscal Superior en Sucre, pese a que este contaba con antecedentes investigativos por legitimación de ganancias ilícitas frenados irregularmente a finales de 2024.
Calificación penal y solicitud de cárcel preventiva
El Ministerio Público ha calificado provisionalmente la conducta de los cuatro investigados bajo los delitos de:
Al considerar que existen riesgos procesales severos de fuga y de obstaculización a la verdad —incluyendo la posibilidad de destrucción de pruebas o presiones a testigos e investigadores—, la comisión de fiscales solicitó al Juez de Instrucción Penal Cautelar de La Paz la detención preventiva por el plazo de seis meses para los cuatro imputados en los recintos penitenciarios de San Pedro y Patacamaya.
